Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego exhibieron una planilla oficial de Vialidad que, según su interpretación, contradice uno de los argumentos centrales de la condena. La defensa incorporará el documento al reclamo que presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La defensa de Cristina Kirchner presentó este martes una nueva evidencia con la que busca cuestionar uno de los principales fundamentos de la condena en la causa Vialidad.
Durante una conferencia de prensa, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego mostraron una planilla oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y sostuvieron que el documento demostraría que las empresas vinculadas con Lázaro Báez recibieron una proporción mínima de los fondos destinados a obra pública durante los gobiernos de Cristina Kirchner.
Según el análisis presentado por la defensa, el porcentaje habría sido del 0,85% del total de los fondos distribuidos en el período examinado.
La planilla que la defensa dice haber encontrado
Beraldi explicó que la información surgió de una planilla de Excel presentada como prueba en la causa Cuadernos por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad.
El abogado sostuvo que ese documento no había sido conocido por la defensa durante el juicio y que, al acceder posteriormente a la información completa, comenzaron a analizar cómo se habían distribuido los fondos del fideicomiso destinado a obra pública.
Según la interpretación de los abogados, el documento permite comparar el dinero asignado a las distintas empresas y ubicar a las compañías de Báez dentro del conjunto de contratistas.
La defensa sostiene que ese análisis contradice la conclusión de que existió una decisión deliberada para beneficiar al empresario santacruceño.
El argumento de los abogados
Beraldi presentó el hallazgo como una prueba que, a su entender, cambia la discusión sobre la sentencia.
El penalista afirmó que la Fiscalía había presentado durante el juicio una enorme cantidad de documentación y que esa evidencia habría quedado desvirtuada por el nuevo análisis.
La defensa sostiene que, si las empresas de Báez recibieron solamente el 0,85% de los fondos analizados, ese dato sería incompatible con la hipótesis de una asignación preferencial de recursos.
Además, los abogados señalaron que dentro de las empresas que recibieron mayores niveles de financiamiento aparecen firmas que no estaban vinculadas al empresario y, según su exposición, compañías relacionadas con sectores políticamente opositores.
La nueva prueba irá a Naciones Unidas
El documento será incorporado al planteo que la defensa de Cristina Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ese reclamo internacional busca cuestionar aspectos del proceso que terminó con la condena de la expresidenta y también sus consecuencias, entre ellas la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los abogados sostienen que la nueva documentación aporta elementos que no fueron considerados en el proceso judicial argentino y que deberían ser tenidos en cuenta al analizar la condena.
Una prueba que todavía deberá ser evaluada
La presentación de la defensa no modifica por sí misma la sentencia ni implica que Cristina Kirchner haya sido declarada inocente.
La condena en la causa Vialidad continúa vigente y el nuevo documento constituye, por ahora, un elemento presentado por la defensa para intentar revisar los fundamentos del fallo.
Lo que sí cambia es el terreno de discusión: los abogados buscan instalar un dato cuantitativo sobre la distribución de fondos de obra pública y utilizarlo para discutir la hipótesis de un supuesto beneficio sistemático a empresas de Báez.
Qué busca la defensa
La estrategia de los tres abogados tiene ahora un doble frente.
Por un lado, pretenden que la nueva información sea incorporada a la presentación ante Naciones Unidas. Por otro, buscan que el documento sea considerado en eventuales mecanismos de revisión dentro del sistema judicial argentino.
El planteo vuelve a poner en el centro una pregunta fundamental de la causa Vialidad: si las empresas de Lázaro Báez fueron beneficiadas de manera deliberada por el poder político o si su participación en la obra pública respondió a una distribución de contratos que no fue sustancialmente diferente de la de otros grupos empresarios.
La defensa de Cristina asegura tener ahora una nueva herramienta para sostener su segunda versión.
La Justicia, hasta el momento, sostiene la condena que dio origen a la presentación internacional.