Tras la reciente polémica que involucró a la institución y al ministro Juan Álvarez Pinto (quien planteó que la Universidad Nacional de los Comechingones está politizada)resurge una pregunta que incomoda: ¿la UNLC es democrática, o solo lo aparenta?
Porque ahí nace el verdadero conflicto. Desde la institución responden que no, que todo funciona dentro de un mecanismo democrático: claustros, votos, mayorías, legalidad. Todo en regla, dicen. El problema es que cuando se mira a quiénes componen cada uno de esos claustros, la pregunta cambia de forma: ¿de qué democracia hablamos cuando los cuatro espacios de representación están teñidos por el mismo color político?
Los claustros: la letra dice una cosa, la composición dice otra
Para la mayoría de los vecinos, el funcionamiento interno de una universidad es un mundo desconocido. A diferencia de un municipio o un ministerio, acá las autoridades no las designa un gobernador ni el Presidente: se eligen a través de claustros (docentes, estudiantes, graduados y no docentes) que en teoría garantizan pluralidad y representación de toda la comunidad universitaria.
En teoría. Porque el mecanismo puede ser impecable en el papel y, aun así, no servir para nada si quienes ocupan esos lugares responden, en su mayoría, a un mismo espacio político. Y eso es exactamente lo que señalan hace años distintos sectores críticos: que en cada uno de los claustros (el docente, el estudiantil, el de graduados, el no docente) aparecen nombres y trayectorias vinculadas al mismo entramado político, el del peronismo puntano ligado a los Rodríguez Saá.
No se trata de un claustro capturado. Se trata, dicen quienes cuestionan el sistema, de los cuatro.
Una historia que nació, y se quedó, en la misma familia política
La Universidad Nacional de los Comechingones nació en un tramo de los gobiernos justicialistas en San Luis. Su proceso de normalización institucional estuvo encabezado por Agustina Rodríguez Saá, hija del ex presidente y ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá, quien luego fue electa rectora y hoy continúa al frente de la institución.
Con los años, distintos sectores políticos vienen señalando algo que no es menor: la conducción universitaria mantuvo una marcada continuidad de dirigentes vinculados históricamente al mismo espacio. Entre los nombres que aparecen en publicaciones y documentación institucional figuran, además de la propia Agustina Rodríguez Saá, Feliciana Rodríguez Saá, el secretario general Jorge Canta Verbeke, el director académico Nicolás Echandía, y apellidos conocidos de la política puntana como Lusquiños y Torrontegui. Todos ellos vinculados, en distintos momentos, al justicialismo provincial, y hoy parte del brazo más activo de la oposición al gobernador Claudio Poggi.
Cuando todos los claustros responden al mismo lugar, votar es una mímica de democracia
Acá está el corazón del problema. No es que no haya elecciones. Las hay. El punto es qué se vota, y sobre todo, quiénes votan.
Los sectores críticos sostienen que la universidad fue consolidando, con los años, una estructura donde el mismo espacio político conserva una influencia predominante en cada uno de los órganos de gobierno, dotando de cargos, claustro por claustro, mayoritariamente a personas afines al peronismo. Cuando eso ocurre en los cuatro claustros a la vez, la elección interna deja de ser una disputa real y se convierte en un trámite: nadie muerde la mano que le da de comer.
Quienes defienden a la universidad responden que las autoridades se eligen según los mecanismos que marca la legislación universitaria, y que todo se ajusta al marco legal vigente. Y es cierto: legal, lo es. Pero ahí está exactamente el punto que se quiere señalar: se puede cumplir la letra de la ley y, al mismo tiempo, vaciar de contenido real la idea de democracia interna. Una cosa es la legalidad del procedimiento. Otra, muy distinta, es que ese procedimiento produzca alternancia, pluralidad o representación genuina. Cuando no la produce, lo que queda es una democracia de escenografía: la forma sin la sustancia.
Transparencia, la otra cara de la misma moneda
El debate también incluye el acceso a la información pública. Mientras numerosas universidades nacionales publican de forma permanente sus concursos docentes, llamados a cargos, antecedentes, órdenes de mérito y designaciones, distintos sectores cuestionan que en la Universidad Nacional de los Comechingones buena parte de esa información no es fácilmente accesible o no tiene actualizaciones recientes.
Cuando la composición de los claustros ya genera dudas sobre el pluralismo interno, la falta de información pública actualizada no ayuda a despejarlas: las profundiza.
Los números que despertaron interrogantes
Los últimos datos oficiales difundidos por la propia universidad hablan de una estructura de 193 trabajadores: 10 autoridades superiores, 122 docentes y 61 no docentes. Según fuentes de la misma institución, los salarios representarían más del 92% del presupuesto total.
Esas cifras (que requieren contexto) instalaron preguntas sobre la eficiencia del gasto público universitario y la necesidad de información actualizada para evaluar el rumbo de la institución.
El fondo de la discusión
El debate sobre la Universidad Nacional de los Comechingones ya no pasa solo por lo académico. Pasa por preguntarse si una institución financiada con fondos públicos puede llamarse democrática cuando su sistema de representación (pensado justamente para evitar la concentración de poder) termina reproduciendo, claustro por claustro, al mismo espacio político.
No se cuestiona la existencia de la universidad ni la tarea de sus docentes y estudiantes. Se cuestiona que la democracia interna, tal como funciona hoy, es más una puesta en escena que una garantía real de pluralidad.
Porque cuando se trata de organismos financiados con recursos de todos, el debate ciudadano también es parte de la vida democrática.