Desde que El Cronista de la Costa publicó la comparativa entre la compra del camión compactador realizada por Santa Rosa del Conlara y la efectuada por la Municipalidad de Carpintería, lejos de apagarse la discusión, las preguntas comenzaron a multiplicarse.
Y lo curioso es que el intendente Gastón Herrera salió a hablar. Pero no habló de lo importante.
Porque la pregunta que hoy se escucha en la calle, en los comercios y entre los propios vecinos sigue siendo exactamente la misma:
¿Dónde está la diferencia de más de 20 millones de pesos?
Hasta ahora nadie lo explicó.
¿Se compró exactamente el mismo vehículo? ¿Tenía equipamiento adicional? ¿Existieron gastos extraordinarios? ¿Se pagó al contado? ¿Se financió? ¿Se endeudó el municipio para concretar la operación? Y si fue así, ¿por cuánto tiempo y en qué condiciones?
Son preguntas simples para una operación que involucró decenas de millones de pesos de dinero público.
Tampoco queda claro si existieron varios presupuestos o si hubo una única oferta. No se conoce públicamente a quién se le compró el vehículo, bajo qué modalidad se realizó la adquisición ni cuáles fueron los criterios técnicos y económicos que justificaron el desembolso.
Y cuanto más tiempo pasa sin respuestas, más grande se vuelve la sospecha pública.
Porque aquí ocurre algo que tampoco pasó desapercibido para muchos vecinos: el rol del Concejo Deliberante.
Si se trató de una de las compras más importantes realizadas por el municipio en el último tiempo, ¿hubo ordenanza? ¿Hubo resolución? ¿Hubo tratamiento legislativo? ¿Hubo algún expediente público que permita conocer el detalle de la operación?
Resulta llamativo que un cuerpo legislativo que suele comunicar gran parte de su actividad institucional no haya difundido información sobre una erogación de semejante magnitud.
Y cuando no aparece la información, aparece la incertidumbre.
Según pudo saber El Cronista de la Costa a través de distintas fuentes, el tema habría generado movimientos internos y preocupación dentro del propio municipio. Incluso algunas versiones indican que en los últimos días se habría intentado recopilar documentación vinculada a la compra.
Nada de esto sería extraño en una administración pública. Lo llamativo es que todo parece ocurrir después de que la diferencia de precios tomó estado público.
Porque si todo está claro, documentado y correctamente realizado, bastaría con mostrar los números.
Sin embargo, las explicaciones siguen sin aparecer.
La situación además reabre un viejo debate sobre la gestión de Gastón Herrera. Durante años el intendente habló de ahorro, de administración eficiente y de cuidar cada peso de los vecinos. Incluso esa política fue motivo de críticas internas por parte de trabajadores municipales que reclamaban mejores condiciones laborales y salariales.
Hoy aquella imagen de austeridad parece entrar en contradicción con una compra que continúa generando interrogantes.
Lo que preocupa no es solamente cuánto se pagó.
Lo que preocupa es no saber por qué se pagó.
Y mientras el intendente elige hablar de cuestiones secundarias o descalificar a quienes preguntan, las dudas siguen creciendo.
Porque en política hay silencios que hablan.
Y cuando se trata del dinero de los vecinos, el silencio nunca ayuda.