Este viernes desde las 12, el Senado de la Nación tendrá una jornada decisiva: el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 junto con la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales para la agenda del Gobierno. El foco de la discusión estará puesto en un punto sensible: el artículo 30, que redefine el financiamiento educativo y científico.

Desde el Ejecutivo consideran prioritaria la sanción del Presupuesto, tanto para habilitar operaciones de endeudamiento como para enviar una señal política y económica a los organismos internacionales. En términos generales, los votos para aprobar el proyecto estarían garantizados, pero el escenario se vuelve más incierto cuando se analiza el articulado en detalle.

El artículo 30 concentra las mayores tensiones. La propuesta elimina referencias legales que fijan un piso del 6% del PBI para educación, el sendero de incremento del presupuesto en ciencia y técnica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032 y una partida específica para escuelas técnicas. Este punto generó reparos incluso entre aliados habituales del oficialismo.

Sectores de la UCR y legisladores del peronismo no alineado adelantaron su rechazo a ese artículo, lo que abre la posibilidad de modificaciones. De ocurrir, el proyecto debería regresar a la Cámara de Diputados, que ya tiene fechas previstas para tratar ese escenario a fines de diciembre o comienzos de enero.

Más allá de ese debate, el resto del Presupuesto no enfrenta mayores obstáculos. El texto prevé un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio proyectado en $1.423 para diciembre de 2026, aunque en el propio Congreso se admite que esas variables podrían ajustarse.

En paralelo, la votación expone nuevas fracturas políticas, especialmente entre gobernadores peronistas y el sector que aún responde al kirchnerismo en el Senado, anticipando un reordenamiento de fuerzas de cara al próximo año legislativo.

Una sesión que no solo definirá números, sino también señales políticas sobre el rumbo económico, el rol del Estado en educación y ciencia, y el equilibrio de poder en la Cámara alta.

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