Un reciente informe de Ieral – Fundación Mediterránea encendió las alarmas sobre la situación judicial en materia laboral. Según el estudio, basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), San Luis es hoy la segunda provincia con más juicios laborales de Argentina, registrando 23 litigios cada 10 mil trabajadores entre enero y agosto.
Solo fue superada por Santa Fe (24) y quedó muy por encima del promedio nacional (11). Además, el número creció respecto al mismo período del año anterior, cuando la provincia acumulaba 19 demandas.
Un rebote que preocupa
El informe señala que entre 2021 y 2025 los juicios por accidentes y enfermedades laborales volvieron a niveles históricos, estimando para fin de año unas 125 mil presentaciones, similar al récord de 2017.
Lo llamativo es la desconexión entre la baja de siniestros y el aumento de litigios, generando incertidumbre, costos crecientes para las empresas y presión sobre las alícuotas del seguro.
Dónde se concentra la judicialización
La distribución territorial muestra grandes diferencias:
- Salta registra apenas 0,1 juicios cada 10 mil empleados.
- Catamarca, 0,3.
- Mientras que nueve provincias concentran casi el 80% de las demandas del país.
Este año, los aumentos más marcados se dieron en San Luis, Santa Fe y Chubut.
El rol de los peritos y los sistemas provinciales
El estudio apunta a una causa clave: el funcionamiento de los procedimientos periciales médicos en las justicias provinciales.
En muchos distritos, los peritos se designan por sorteo, sin especialización ni capacitación específica en daño laboral. En algunos casos, sus honorarios se calculan como porcentaje de la incapacidad diagnosticada, lo que —según la Fundación— incentiva diagnósticos sobredimensionados.
Esto genera fallas como:
- Evaluaciones duplicadas.
- Falta de control de desempeño.
- Distorsiones en los procesos judiciales.
La Ley 27.348 buscó corregir este esquema con Cuerpos de Peritos Médicos especializados, pero su implementación ha sido parcial.
San Luis avanzó recientemente
La provincia adhirió a la ley el año pasado y ya funcionan tres Comisiones Médicas en las circunscripciones judiciales.
Impacto directo en los costos laborales
La litigiosidad creciente presiona las alícuotas que pagan las empresas a las ART. Aunque deberían reflejar el riesgo real de la actividad, hoy están fuertemente influenciadas por el riesgo judicial, que ya elevó la alícuota promedio al 2,9% de la masa salarial.
Mientras la siniestralidad bajó en años previos, la judicialización la empujó nuevamente hacia arriba. Según el informe, esto erosiona la sostenibilidad del sistema y ya generó alertas, como la inhibición general de bienes sobre una ART por déficit financiero.
La postura de las aseguradoras
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió que se alcanzará un récord histórico de casi 130 mil demandas este año. Su presidenta, Mara Bettiol, aseguró:
“Ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización. Ninguna reforma podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica”.
San Luis queda así en el centro del debate nacional sobre la necesidad de actualizar los mecanismos judiciales, garantizar procesos técnica y legalmente sólidos y, a la vez, dar previsibilidad a empresas y trabajadores.