La provincia avanza en una política de desarme tras la aprobación de una ley que garantiza trazabilidad y destrucción definitiva del armamento incautado.
La provincia de San Luis iniciará por primera vez el proceso de destrucción de armas de fuego secuestradas, un paso clave en materia de seguridad y prevención de la violencia. La medida se da luego de la aprobación de una ley provincial y de una visita técnica realizada por autoridades locales al Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac).
Durante los últimos días de diciembre, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, recorrió las instalaciones del Banmac, organismo dependiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), donde se lleva adelante la inutilización y destrucción segura de armas, municiones y explosivos secuestrados o entregados voluntariamente en todo el país.
Un proceso clave para reducir el circulante ilegal
En la recorrida, Sosa mantuvo una reunión con el coordinador del Banco Nacional de Armas, Sergio Sarlo, quien explicó en detalle el procedimiento que se aplica para garantizar que las armas ingresadas al sistema no puedan ser reutilizadas.
El proceso contempla la inutilización inicial del arma, su embalaje en cajones especiales y el posterior traslado a una empresa encargada de la destrucción total del material, que luego es reutilizado según las características del acero. Todo el circuito se encuentra auditado y documentado.
Una deuda histórica de la provincia
Según lo informado por las autoridades del Banmac, San Luis y Formosa eran las únicas provincias del país que nunca habían enviado armas secuestradas para su destrucción. Se trata de armamento que, tras ser secuestrado por la Policía y peritado por la Justicia, permanecía almacenado en depósitos provinciales.
Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que esta situación representa un riesgo, ya que las armas pueden ser robadas, extraviadas o reinsertadas en el mercado ilegal, alimentando hechos de violencia.
Marco legal y coordinación institucional
En noviembre de 2025, San Luis sancionó una ley provincial que establece la destrucción o reutilización con fines de interés público de las armas de fuego secuestradas o decomisadas, en consonancia con la Ley Nacional Nº 25.938. La normativa designa al Ministerio de Seguridad como Autoridad de Aplicación y responsable del control y la trazabilidad del proceso.
La iniciativa fue impulsada por el gobernador Claudio Poggi y aprobada por la Legislatura provincial. En ese marco, se prevé avanzar en un convenio con el Poder Judicial para disponer la destrucción definitiva de las armas cuyas causas ya cuenten con condena firme.
Transparencia y política de desarme
El procedimiento contempla que personal del Banco Nacional de Armas se traslade a San Luis para retirar el armamento custodiado por la Policía provincial y acompañar todo el proceso hasta su destrucción final.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión permitirá cerrar el circuito completo, desde el secuestro hasta la disposición final del arma, fortaleciendo una política pública orientada a la transparencia, la prevención del delito y la reducción de la violencia armada.