La medida fue definida en reunión de gabinete y apunta a anticiparse a un escenario de menor recaudación. No afectará salarios ni obra pública, aunque implicará mayor austeridad en el gasto.
El Gobierno de San Luis resolvió implementar una reserva del 8% sobre los saldos presupuestarios disponibles, en una decisión orientada a prevenir un posible desequilibrio fiscal hacia fin de año en un contexto de caída de ingresos.
La medida fue analizada y definida durante la última reunión de gabinete, donde se evaluó el comportamiento de la recaudación en el primer trimestre de 2026.
Caída de recursos y ajuste preventivo
Según explicó la directora de Presupuesto Público, Mónica Biancotti, el inicio del año mostró indicadores preocupantes en materia de ingresos.
El primer trimestre registró la menor recaudación de los últimos once años, con una caída del 7,3% respecto de lo previsto en el presupuesto aprobado.
En ese marco, el Ejecutivo decidió anticiparse mediante una reserva sobre el remanente presupuestario que queda por ejecutar entre abril y diciembre.
Cómo se aplica la reserva
El mecanismo consiste en realizar un corte al 31 de marzo para determinar el saldo disponible del presupuesto anual. Sobre ese monto, se aplica el 8%, que queda reservado como herramienta de previsión financiera.
Esta decisión no alcanza a partidas clave como salarios ni a los fondos destinados a la obra pública, que continúan con su ejecución normal.
Austeridad sin frenar políticas públicas
Desde el área económica aclararon que la medida no implica la paralización de programas o políticas, aunque sí demandará un uso más eficiente de los recursos.
Cada ministerio deberá revisar sus gastos y priorizar erogaciones, buscando optimizar compras y contrataciones sin afectar los servicios esenciales.
Además, la evolución de los ingresos será monitoreada mes a mes, lo que permitirá liberar o mantener la reserva según el comportamiento de la recaudación.
Garantías sobre salarios y fondos sensibles
Biancotti remarcó que los salarios están garantizados y cuentan con respaldo legal a través del Fondo de Reservas Salariales, considerado intangible.
Ese fondo, explicó, ya fue utilizado para sostener incrementos salariales y se va incorporando progresivamente al presupuesto para asegurar su cumplimiento.
También se busca resguardar otras erogaciones sensibles, como transferencias sociales, programas de inclusión y aportes al sistema educativo.
Un escenario económico bajo seguimiento
La decisión se inscribe en un contexto económico que obliga a una administración más prudente de los recursos públicos.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central es sostener el equilibrio fiscal sin afectar el funcionamiento del Estado ni los servicios esenciales, en un año que se presenta desafiante en términos financieros.