Legisladores, funcionarios judiciales y especialistas analizaron propuestas vinculadas a la independencia del Poder Judicial, el funcionamiento del Ministerio Público y los mecanismos de control institucional.
La Legislatura de San Luis continuó este jueves con el análisis del proyecto de declaración de necesidad de reforma parcial de la Constitución Provincial. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en los aspectos vinculados al Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control del Estado.
La reunión fue desarrollada de manera conjunta entre las comisiones de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores y de Diputados, y contó con la participación del vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara de Diputados Alberto Leyes, legisladores provinciales y especialistas convocados para aportar distintas miradas sobre la iniciativa.
Entre los participantes estuvieron la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Carolina Monte Riso; el procurador general Eduardo Cadelago Filippi; y la defensora general Marcela Torres Cappiello.
Proponen mayor autonomía para el Ministerio Público
Uno de los puntos centrales del debate fue la posibilidad de otorgar mayor independencia al Ministerio Público respecto del Poder Judicial.
La propuesta contempla la creación de una Procuración General y una Defensoría General con autonomía propia, además de la conformación de un Consejo del Ministerio Público encargado de intervenir en los procesos de selección de fiscales y defensores.
También se analiza la creación de un Jurado de Destitución específico para ese organismo y un esquema de transición que permita implementar la nueva estructura en un plazo máximo de un año.
Cambios en el Consejo de la Magistratura
Otro de los ejes abordados estuvo relacionado con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La iniciativa plantea ampliar su integración incorporando representantes del ámbito académico y del Senado provincial. Además, propone que las ternas surgidas de los concursos de antecedentes sean vinculantes para el Poder Ejecutivo, que solo podría apartarse del orden de mérito mediante fundamentos expresos.
Según los impulsores del proyecto, la modificación apunta a fortalecer la transparencia y la objetividad en los procesos de selección de magistrados.
Nuevas reglas para magistrados y funcionarios judiciales
Durante la reunión también se analizaron propuestas vinculadas a la carrera judicial.
Entre ellas figura la exigencia de una permanencia mínima de cuatro años en el cargo para magistrados, fiscales y defensores antes de aspirar a nuevas funciones dentro del sistema judicial.
Asimismo, se estudia establecer un límite de edad de 75 años para futuras designaciones en cargos vitalicios del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas.
Modificaciones en los organismos de control
La reforma también incluye cambios en la integración del Tribunal de Cuentas con el objetivo de ampliar la representación de las minorías legislativas.
Por otra parte, se debatió una nueva composición para el Jurado de Enjuiciamiento, dejando fuera de ese ámbito a integrantes del Tribunal de Cuentas, al Fiscal de Estado y a los miembros del Ministerio Público, quienes quedarían sujetos a otros mecanismos institucionales de control.
Un proceso que ya abordó los otros poderes del Estado
Las reuniones previas estuvieron dedicadas al análisis de las modificaciones propuestas para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Entre los principales temas ya debatidos aparecen el límite a la reelección del gobernador, la implementación de una eventual segunda vuelta electoral, la creación de capitales alternas en el interior provincial, la eliminación de las elecciones legislativas de medio término y la ampliación del período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
El proceso continuará con nuevas instancias de análisis antes de que el proyecto avance en su tratamiento legislativo.