La Justicia extendió por 60 días las medidas contra Claudio Latini, Luciano Anastasi y Ernesto “Pipi” Alí, imputados por presuntas irregularidades en obras públicas. Continúan las inhibiciones de bienes y las restricciones de circulación.
La Justicia provincial resolvió prorrogar las medidas de coerción que pesan sobre tres ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, investigados por presuntos delitos vinculados a la administración de fondos públicos destinados a obras que nunca se concretaron.
La decisión fue adoptada por el juez Marcos Flores Leyes, subrogante del Juzgado de Garantía N°4, quien extendió por otros 60 días las restricciones contra Claudio Latini, Luciano Anastasi y Ernesto “Pipi” Alí.
Medidas que continúan vigentes
Con la prórroga, los tres imputados deberán seguir firmando el libro de imputados y mantener la inhibición general de bienes. Además, Latini y Anastasi tienen prohibido salir de la provincia durante el nuevo plazo establecido.
En la misma causa también están imputados el ex intendente de San Francisco, Jeremías Vivas, y el ex jefe comunal de Cortaderas, Mario Canali, quienes deberán cumplir con las mismas medidas.
Investigación por convenios de obra pública
La causa es impulsada por el Ministerio Público Fiscal y se centra en presuntas irregularidades en convenios firmados entre el Ministerio de Seguridad y municipios de La Toma, San Francisco y Cortaderas.
Según la investigación, los contratos contemplaban refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y edificios públicos. Sin embargo, los fondos fueron transferidos, se realizaron adelantos de dinero y las obras nunca se ejecutaron ni se rindieron cuentas.
Contratos bajo sospecha
El primer grupo de hechos involucra a Anastasi, Latini y Alí, quienes firmaron en agosto de 2022 tres contratos con la Municipalidad de La Toma por más de 28 millones de pesos para distintas dependencias policiales y de seguridad.
El segundo episodio alcanza a Anastasi, Latini y Vivas, por convenios firmados en noviembre de 2022 con el municipio de San Francisco. En marzo de 2024, una constatación judicial verificó que los edificios seguían en estado de abandono.
El tercer caso involucra a Latini y Canali, por un contrato cercano a los 15 millones de pesos para refaccionar la subcomisaría N°22 de Cortaderas, que fue rescindido sin que se iniciaran los trabajos.
La investigación entra en su etapa final
La fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, explicó que la prórroga de la inhibición de bienes es una medida habitual para preservar el patrimonio ante una eventual condena.
Además, confirmó que la investigación penal se encuentra en su tramo final y que restan pocas medidas antes de avanzar con la acusación formal.
Un antecedente que agrava la situación
La situación de Claudio Latini presenta un agravante adicional: en octubre pasado fue condenado por peculado en otra causa vinculada al Ministerio de Seguridad. Recibió una pena de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ese antecedente podría tener impacto en el eventual cumplimiento de una nueva condena, en caso de que prospere la acusación en esta causa.