La Justicia imputó a Marcelo Amitrano, Sebastián Anzulovich y al ex comisario Marcelo Balbo por presuntas maniobras irregulares con vehículos oficiales y combustible. La causa investiga un perjuicio millonario al erario público.
La Justicia provincial formuló cargos por peculado y fraude contra la administración pública contra tres ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Se trata del ex ministro de Producción Marcelo Amitrano, el ex secretario de Transporte Sebastián Anzulovich y el ex comisario Marcelo Balbo.
La audiencia se realizó este lunes en el Poder Judicial y estuvo a cargo del juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien dio por formulados los cargos y dispuso medidas restrictivas para los imputados.
Medidas judiciales y restricciones
Los tres acusados fueron procesados en concurso ideal, recibieron inhibición general de bienes, tienen prohibido salir del país y deberán firmar el libro judicial durante 120 días. La denuncia fue impulsada por la Fiscalía de Estado y acompañada por el Ministerio Público Fiscal.
El eje de la investigación
La fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, junto a la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, describió una maniobra sistemática ocurrida entre enero de 2022 y noviembre de 2023, vinculada al uso irregular de combustible dentro del Ministerio de Producción.
Según la acusación, el foco está puesto en una camioneta Toyota Hilux oficial, asignada a la cartera productiva y utilizada por Balbo, en la que se registraron 356 cargas de combustible pese a que el vehículo se encontraba fuera de funcionamiento.
La Fiscalía sostuvo que el combustible no fue utilizado para el rodado oficial, sino desviado a vehículos particulares no autorizados, generando un perjuicio económico concreto al Estado.
Un vehículo fuera de uso y cargas constantes
Durante un allanamiento realizado en diciembre de 2023, la camioneta fue hallada en el domicilio de Balbo en mal estado de conservación, con el motor desarmado y múltiples daños. Sin embargo, las planillas oficiales mostraban cargas recientes y reiteradas, con registros diarios de entre 40 y 60 litros.
Para la fiscalía, esta situación evidencia que el combustible fue utilizado para terceros, pese a figurar oficialmente como destinado a un bien público.
Responsabilidades funcionales
En su exposición, Maluf señaló que Amitrano, como ministro, tenía la responsabilidad de control y supervisión de los recursos del área, incluidos vehículos y partidas presupuestarias. Aun así, permitió que la operatoria continuara.
En el caso de Anzulovich, la fiscal remarcó que el 14 de abril de 2023 fue notificado formalmente sobre el uso indebido del vehículo, pero no tomó medidas concretas para frenar la maniobra.
“No se trata de un hecho aislado, sino de un esquema sistemático imposible de pasar inadvertido”, sostuvo la acusación, que estimó un perjuicio superior a los 20 millones de pesos, sin contar el deterioro del vehículo.
El rol de la Fiscalía de Estado
Como querellante, el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, respaldó la imputación y sostuvo que los funcionarios tenían plena potestad para poner fin a los hechos.
Explicó que el sistema de carga de combustible funcionaba mediante un PIN asignado a vehículos oficiales, que habría sido utilizado para desviar recursos hacia privados.
Las defensas y la declaración de Balbo
Balbo declaró ante el tribunal y reconoció que la camioneta se encontraba en su domicilio. Alegó que existía un acuerdo con la Municipalidad de Ranquel y sostuvo que el combustible era utilizado para tareas comunitarias, aunque no precisó quién autorizaba formalmente las cargas.
Amitrano y Anzulovich optaron por no declarar. Sus defensas cuestionaron la imputación, argumentaron falta de individualización de conductas y anticiparon que profundizarán su estrategia en etapas posteriores del proceso.
El juez Flores Leyes dio por válida la formulación de cargos y la causa continuará con nuevas medidas probatorias, entre ellas pericias contables y ampliación de testimonios.