La normativa establece que la feria judicial será de dos semanas en enero y una semana a mitad de año, con fechas que serán definidas por el Superior Tribunal de Justicia. Durante esos períodos no correrán los plazos procesales, pero se garantizará la atención de asuntos urgentes a través de magistrados y funcionarios designados.
La ley entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2026, otorgando un año completo de adecuación tanto al sistema judicial como al ejercicio profesional de los abogados.
El objetivo central es avanzar hacia un servicio de justicia más eficiente y accesible, evitando interrupciones prolongadas que históricamente generaron acumulación de causas y demoras en la resolución de conflictos. Para el Gobierno, esta reforma representa un paso importante en la búsqueda de un Estado más ágil y cercano a las necesidades de la sociedad.