El gobernador Claudio Poggi firmó este viernes el decreto de promulgación de la ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial. El acto se realizó en la réplica del Cabildo Histórico de La Punta y marca el inicio de un proceso que contempla cambios institucionales y la incorporación de nuevos derechos vinculados con la tecnología, el agua y la información.
La norma había recibido la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados el miércoles, luego de haber obtenido previamente media sanción en el Senado.
La promulgación reunió en La Punta a integrantes del gabinete provincial, legisladores que participaron de la votación y representantes del Poder Judicial, además de otros funcionarios involucrados en el proceso.
Una reforma que modifica y amplía la Constitución
Durante el acto se realizó la lectura completa de la ley, que establece los temas que podrán ser tratados durante el proceso de reforma.
El proyecto contempla la modificación de 23 artículos de la Constitución vigente, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro nuevos capítulos.
La reforma deberá ser discutida por una Convención Constituyente integrada por 52 representantes de los distintos departamentos de San Luis. Los convencionales serán elegidos mediante el voto popular en las elecciones provinciales de 2027.
La Convención tendrá como límite los temas incluidos en la ley de necesidad de reforma, por lo que no se trata de una habilitación para modificar de manera irrestricta toda la Constitución.
Límite a las reelecciones y cambios electorales
Entre los principales puntos vinculados al Poder Ejecutivo aparece un nuevo límite para quien ocupe la Gobernación.
La propuesta establece que una misma persona podrá ejercer como gobernador durante un máximo de dos períodos, sean consecutivos o alternados, y quedará impedida de volver a ocupar el cargo una vez cumplidos ambos mandatos.
Según explicó Poggi, su actual gestión, correspondiente al período 2023-2027, será considerada como el primero de esos dos períodos.
La reforma también contempla la posibilidad de incorporar una segunda vuelta electoral para la elección de gobernador y vicegobernador cuando no se alcance el resultado establecido para definir la elección en primera instancia.
Legislatura: cuatro años y sesiones más extensas
En el Poder Legislativo, uno de los cambios propuestos es modificar el calendario de sesiones ordinarias.
El período legislativo comenzaría el 15 de marzo y se extendería hasta el 31 de diciembre.
También se plantea que diputados y senadores sean elegidos y renovados en su totalidad cada cuatro años, coincidiendo con la elección del gobernador y vicegobernador. De esta manera, se dejaría atrás el actual sistema de renovación parcial de las cámaras.
Cambios para el Poder Judicial
La reforma también propone modificaciones en la organización del sistema judicial.
Uno de los ejes es avanzar hacia una mayor autonomía institucional de fiscales y defensores respecto de los jueces, mediante la separación de la Procuración General y la Defensoría General.
Además, se busca modificar el sistema de selección de magistrados. La propuesta contempla concursos y órdenes de mérito elaborados por el Consejo de la Magistratura como base para las futuras designaciones.
Nuevos derechos para la era tecnológica
La iniciativa incorpora cuestiones que no estaban contempladas en la Constitución de 1987 y que hoy forman parte de la vida cotidiana.
Entre ellas aparecen la protección de los datos personales frente al uso de algoritmos y herramientas de inteligencia artificial, el acceso de las personas a la información registrada sobre ellas y nuevas garantías vinculadas con la privacidad y el acceso a la información.
El objetivo planteado es adaptar el texto constitucional a los cambios tecnológicos y sociales producidos durante las últimas décadas.
El agua como derecho humano y recurso estratégico
Otro de los capítulos centrales está relacionado con el agua.
La propuesta busca otorgarle jerarquía constitucional como derecho humano y, al mismo tiempo, reconocerla como un recurso estratégico para el desarrollo productivo de San Luis.
También establece un esquema de administración a cargo de una entidad o funcionario técnico con idoneidad acreditada, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
El mandato tendría una duración de cinco años, con la intención de garantizar continuidad en la gestión del recurso más allá de los períodos de gobierno.
Poggi: “Una reforma muy positiva para San Luis”
Durante la ceremonia, el gobernador destacó el trabajo realizado por legisladores, funcionarios, instituciones y especialistas que participaron en la elaboración de la propuesta.
Poggi sostuvo que la reforma apunta a construir “un Estado más eficiente al servicio del ciudadano” y vinculó la mayor institucionalidad con la posibilidad de atraer inversiones y generar empleo.
Con la promulgación de la ley comienza ahora una nueva etapa: los cambios no entran directamente en vigencia, sino que deberán ser analizados y definidos por la Convención Constituyente que surgirá de las elecciones provinciales de 2027.