La protesta de prácticos, pilotos y baqueanos mantiene paralizada la actividad en los principales puertos del país. El conflicto se originó tras la entrada en vigencia de un decreto del Gobierno nacional que modifica el funcionamiento del servicio de practicaje.
Los principales puertos de Argentina permanecen afectados por una medida de fuerza impulsada por prácticos, pilotos y baqueanos, quienes rechazan el Decreto 690/2026, firmado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje.
La protesta comenzó el sábado 1 de agosto y alcanza terminales portuarias de todo el país, desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con un fuerte impacto en el corredor del Río Paraná y el Río de la Plata, por donde circula gran parte del comercio exterior argentino.
Un conflicto que impacta en las exportaciones
La medida repercute especialmente en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, considerados estratégicos para la salida de productos agroindustriales y otras exportaciones.
Según estimaciones del sector, por esa vía se moviliza cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país, por lo que la paralización genera demoras en la operatoria logística y mantiene a numerosas embarcaciones sin posibilidad de ingresar o salir de los puertos.
Qué establece el decreto del Gobierno
El Decreto 690/2026, impulsado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, introduce cambios en el régimen del practicaje.
Entre los principales puntos, la norma busca flexibilizar el acceso a la actividad, reducir costos operativos, permitir una mayor contratación directa de servicios y habilitar, en determinados casos, que capitanes con experiencia puedan navegar sin la intervención obligatoria de un práctico.
Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones apuntan a modernizar el sistema y mejorar la competitividad del sector.
Rechazo del sector y acciones judiciales
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante manifestó su rechazo a la medida y calificó la reforma como inconstitucional.
La entidad anticipó que presentará una acción de amparo ante la Justicia Federal y promoverá una denuncia penal contra los funcionarios que impulsaron el decreto, al considerar que las modificaciones podrían afectar la seguridad de la navegación en los ríos argentinos.
Prefectura intimó a los profesionales
Frente a la interrupción del servicio, la Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a los profesionales para que retomen sus tareas, argumentando que el practicaje constituye un servicio público esencial.
Pese a esa notificación, los trabajadores ratificaron la medida de fuerza, aunque mantuvieron guardias mínimas para asistir a buques petroleros y de gas licuado, con el objetivo de evitar inconvenientes en el abastecimiento energético y reducir riesgos ambientales.