La Justicia puntana volvió a paralizarse este martes 25 de noviembre tras un nuevo paro total convocado por el sindicato SIJUPU, en reclamo de mejoras salariales y laborales que consideran “insuficientes”.
Se trata del cuarto paro en lo que va del mes, profundizando una situación que afecta de manera directa a justiciables, abogados y ciudadanos que dependen del funcionamiento regular del Poder Judicial.
Días atrás, tanto el gobernador Claudio Poggi como el Superior Tribunal de Justicia habían anunciado un aumento del 5% y un bono de $450.000, medidas que, lejos de destrabar el conflicto, fueron rechazadas por el sindicato por considerarlas “insuficientes” frente al escenario económico.
El conflicto vuelve a poner el foco en un panorama judicial ya cuestionado por su lentitud, mientras la comunidad expresa creciente malestar por la acumulación de trámites, audiencias suspendidas y expedientes sin avanzar. Desde diversos sectores remarcan que, aunque el derecho a huelga es constitucional, el costo del conflicto siempre termina recayendo en la gente, que ve afectado su acceso a la justicia.
En paralelo, la conducción del SIJUPU mantiene una postura firme a pesar de las críticas por su marcado alineamiento político con el justicialismo, lo que suma tensión al diálogo con el Gobierno provincial. Mientras tanto, miles de personas continúan a la espera de definiciones que permitan restablecer la actividad con normalidad.
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