El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 aplicó la reciente Ley de Inocencia Fiscal y dejó sin efecto parte de la acusación contra el empresario y otros imputados. Sin embargo, Báez deberá enfrentar juicio por el período 2012.
La situación judicial del empresario Lázaro Báez registró un nuevo giro tras una decisión del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, que resolvió su sobreseimiento parcial en una causa por evasión fiscal vinculada a la firma Austral Construcciones.
La medida se apoya en la reciente Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno nacional, que introduce nuevos parámetros para la persecución penal de delitos tributarios.
El impacto de la nueva ley
La resolución judicial se basa en los cambios establecidos por la normativa, que fija montos mínimos para que determinados delitos fiscales sean considerados penalmente relevantes.
A partir de esos nuevos umbrales, parte de los períodos investigados quedaron fuera del alcance penal, lo que derivó en el sobreseimiento parcial de Báez y de otros imputados en la causa.
Qué tramos siguen en pie
Pese a la decisión, el empresario deberá enfrentar un juicio oral por presunta evasión correspondiente al año 2012, ya que ese período no queda alcanzado por los beneficios de la nueva legislación.
De este modo, la causa no se cierra por completo, sino que continuará en el tramo que aún es considerado punible según los criterios vigentes.
Quiénes fueron beneficiados
El sobreseimiento también alcanzó a otras personas vinculadas a la investigación, entre ellas los hijos de Báez y ex integrantes de la estructura empresarial.
La decisión judicial implica que estos imputados quedan desvinculados de una parte significativa de los hechos que se les atribuían en el expediente.
Un cambio con impacto en causas en curso
La aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal comienza a generar efectos concretos en causas judiciales en trámite, especialmente aquellas vinculadas a delitos tributarios.
En este caso, la resolución marca un antecedente sobre cómo los nuevos criterios legales pueden modificar el alcance de investigaciones iniciadas bajo normativas anteriores.