Los fiscales Luciani y Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N.º 2 el decomiso de más de 140 inmuebles, vehículos y millones de dólares. Señalan que los condenados no pagaron un solo peso del perjuicio causado al Estado.
La causa Vialidad sumó este jueves un nuevo capítulo de alto impacto judicial. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron formalmente al Tribunal Oral Federal N.º 2 el decomiso de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, condenados por defraudación al Estado.
El pedido incluye más de 140 inmuebles, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria.
Bienes bajo la lupa judicial
Según el requerimiento fiscal, se trata de 141 inmuebles, de los cuales 13 pertenecen a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 a firmas relacionadas con Báez. A esto se suman 46 vehículos, sumas millonarias en dólares y fondos bancarios.
Entre los activos señalados figura una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, con más de 4,6 millones de dólares, además de dinero en cuentas bancarias y efectivo en pesos.
Una deuda millonaria sin pagar
Los fiscales remarcaron que los condenados fueron intimados a depositar $684.990 millones, monto actualizado del perjuicio ocasionado a la Administración pública, y subrayaron que no se abonó ni un solo peso, pese a que el plazo legal venció hace meses.
Para el Ministerio Público Fiscal, esta conducta constituye una estrategia dilatoria destinada a evitar el recupero de activos ordenado por una sentencia judicial firme.
Críticas a la actitud de los condenados
En su presentación, los fiscales advirtieron que la resistencia a cumplir con el decomiso demuestra una falta total de arrepentimiento y representa una afrenta directa a la decisión judicial y al principio de igualdad ante la ley.
El planteo refuerza la postura de avanzar con medidas concretas para garantizar que el daño económico causado al Estado sea efectivamente resarcido.
El rol de la Corte Suprema
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia quedó a cargo de la administración y futura subasta de los bienes decomisados, tras una solicitud del propio TOF 2.
La medida alcanza a 122 bienes inmuebles identificados como instrumentos o producto del delito, incorporados durante el período investigado, entre 2003 y 2015. El monto original del decomiso, fijado en poco más de $84 mil millones, fue actualizado por peritos y ratificado por la Corte hasta superar los $684 mil millones.