En una decisión histórica, el Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso el decomiso de todos los bienes inmuebles y activos financieros vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, sus empresas y otros condenados en la causa por administración fraudulenta de la obra pública en Santa Cruz.
El monto actualizado asciende a $684.990.350.139,86, la cifra más alta registrada en un proceso por corrupción en Argentina. La medida también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner como titulares de propiedades involucradas.
El tribunal avanzó con esta resolución tras la firmeza de la sentencia, dictada el 10 de junio, y ante la falta de entrega voluntaria de los bienes por parte de los condenados. El monto original, fijado en 2022, fue actualizado por peritos contables de la Corte Suprema.
Un decomiso sin precedentes
La incautación incluye activos de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos, Loscalzo y Del Curto, y propiedades transferidas a los hijos de la exmandataria. También abarca bienes de exfuncionarios: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
Si el total de inmuebles no cubre la suma, el tribunal habilitó avanzar sobre otros bienes identificados durante la ejecución de la sentencia.
Fundamentos de la decisión
La Justicia sostuvo que los contratos irregulares adjudicados en Santa Cruz generaron beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner. El decomiso alcanza bienes “instrumentos, efectos o provecho del delito”, incluso si están en manos de terceros, excepto adquirentes de buena fe.
El fallo cita la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana, que obligan a los Estados a recuperar activos derivados de delitos contra la administración pública.
⚖️ Las defensas rechazaron el alcance del decomiso, pero el tribunal recordó que esos planteos ya fueron resueltos en instancias anteriores.
Destino de los bienes
Los activos serán incorporados a la Base General de Bienes Secuestrados y Comisados, y la Corte Suprema definirá su uso final. La finalidad: reparar el daño al Estado y asegurar la recuperación de los recursos desviados.
Una causa que marca uno de los decomisos más grandes en la historia judicial argentina.