La Cámara de Casación dispuso avanzar sobre propiedades de la ex presidenta y otros condenados para recuperar fondos vinculados a la obra pública en Santa Cruz.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La medida busca recuperar parte del dinero considerado desviado a través de contratos de obra pública y alcanza tanto a la ex mandataria como a otros implicados en el expediente.
Alcance de la medida judicial
El fallo dispone la ejecución de una serie de propiedades vinculadas a Kirchner y su entorno familiar, incluyendo bienes asociados a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
También se extiende a decenas de inmuebles pertenecientes a otros condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y sus firmas.
Recupero de fondos y decomiso
La decisión forma parte del proceso de ejecución de la sentencia, que incluye el decomiso de activos para compensar el perjuicio económico determinado por la Justicia.
Según la causa, los montos involucrados son millonarios y fueron actualizados con el paso del tiempo, lo que llevó a avanzar con la afectación patrimonial de los condenados.
Argumentos de la defensa
Desde la defensa de la ex presidenta cuestionaron la medida al sostener que parte de los bienes incluidos fueron adquiridos antes del período investigado o provienen de herencias familiares.
Estos planteos serán evaluados en el marco del proceso judicial en curso.
Intervención de la Corte Suprema
Los bienes alcanzados por la medida quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que será la encargada de su administración y eventual liquidación.
Una causa con condena firme
La causa Vialidad ya cuenta con condena firme y estableció la existencia de un esquema de irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
En ese contexto, la ejecución de bienes representa un paso clave en la etapa de recuperación de activos para el Estado.