El fallo permitió que continúe el proceso institucional y electoral interno del radicalismo provincial mientras avanza la causa judicial. La presentación cuestionaba la continuidad de Juan Álvarez Pinto al frente del partido.
La Justicia Federal con competencia electoral rechazó la medida cautelar impulsada por José Riccardo contra la conducción de la Unión Cívica Radical de San Luis y permitió que continúe el proceso institucional y electoral interno del partido.
La resolución judicial se dio en el marco de la causa “Riccardo, José Luis c/ Comité Ejecutivo Provincial – Unión Cívica Radical Distrito San Luis s/ Amparo Ley 16.986”, donde el dirigente radical había solicitado una medida de “no innovar” para frenar distintas resoluciones partidarias y suspender el cronograma electoral interno.
Además, el planteo apuntaba a declarar la supuesta incompatibilidad de Juan Álvarez Pinto para ejercer funciones dentro del Comité Ejecutivo Provincial de la UCR San Luis.
La Justicia rechazó frenar el proceso electoral
El Juzgado Federal resolvió no hacer lugar a la cautelar solicitada, lo que habilita la continuidad del calendario institucional y electoral del radicalismo provincial mientras se desarrolla el proceso judicial de fondo.
En la resolución, además, la Justicia consideró que la vía de amparo presentada no era la herramienta procesal adecuada para tratar el reclamo planteado por Riccardo.
Por ese motivo, el expediente fue reencauzado bajo el procedimiento contencioso previsto en el Capítulo III, Título VII de la Ley 23.298 de Partidos Políticos.
La UCR tendrá cinco días para responder
Tras la resolución, el tribunal corrió traslado a la Unión Cívica Radical por el término de cinco días hábiles para que el partido ejerza su derecho de defensa y presente su posición dentro de la causa.
Mientras tanto, la conducción partidaria continuará con el desarrollo normal del cronograma interno previsto por la UCR San Luis.
Continúa la disputa interna en el radicalismo puntano
La decisión judicial se produce en medio de tensiones políticas internas dentro del radicalismo provincial, en una etapa clave de reorganización partidaria y armado político de cara a los próximos desafíos electorales.
Con este fallo, la Justicia Electoral ratificó la continuidad institucional de las autoridades y del proceso interno partidario mientras la causa avanza conforme a los mecanismos establecidos por la normativa vigente.