El fiscal federal Gerardo Pollicita verificó que el jefe de Gabinete viajó con su familia en primera clase. La causa busca determinar si sus gastos se corresponden con sus ingresos declarados.
La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento en las últimas horas. El fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que el funcionario viajó junto a su familia a Aruba para pasar el Año Nuevo, en un vuelo en primera clase.
El dato surge de información proporcionada por la aerolínea, incorporada al expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Detalles del viaje bajo la lupa
Según la reconstrucción judicial, el viaje se realizó entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú y Ecuador tanto en la ida como en el regreso.
Adorni viajó acompañado por su esposa y sus dos hijos, conformando un grupo familiar de cuatro personas. Cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que eleva el gasto total en vuelos a unos 5.800 dólares.
Uno de los puntos que analiza la fiscalía es la modalidad de pago, ya que los tickets habrían sido abonados en efectivo y en moneda extranjera.
Investigación sobre gastos y patrimonio
La causa no se limita al viaje. La fiscalía busca determinar si el nivel de gastos del funcionario, incluyendo traslados al exterior, consumos y posibles inversiones, se corresponde con los ingresos que declaró oficialmente.
En ese contexto, también se investiga el alojamiento utilizado durante la estadía en Aruba y el monto total destinado a la estadía en el Caribe.
Medidas judiciales y avance de la causa
En los últimos días, el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, a pedido del fiscal Pollicita.
La medida permitirá acceder a información clave, como movimientos de cuentas, consumos con tarjetas de crédito y registros financieros, con el objetivo de reconstruir el origen de los fondos utilizados.
Con estos datos, la Justicia busca avanzar en la verificación de la consistencia entre el patrimonio declarado por el funcionario y su nivel de gastos.