La causa investiga una presunta evasión superior a los $19.300 millones en retenciones impositivas y aportes a la seguridad social vinculados a la AFA. Las audiencias fueron fijadas para comienzos de marzo.
La Justicia federal citó a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes a la seguridad social. Además, el magistrado interviniente dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.
La medida fue ordenada por el juez Diego Amarante, quien fijó las audiencias indagatorias para el 5 de marzo en el caso de Tapia y para el 6 de marzo respecto de Toviggino.
Una causa que involucra a otros dirigentes del fútbol
La resolución judicial también alcanza a otros directivos vinculados al fútbol argentino, entre ellos el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina; Gustavo Lorenzo; y el expresidente de Racing Club, Víctor Blanco.
Todos quedaron formalmente imputados en el mismo expediente, que analiza el presunto incumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales por parte de la AFA.
La denuncia y el origen de la investigación
La causa se inició tras una denuncia presentada por el organismo recaudador ARCA, que acusó a la AFA de actuar como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin ingresar los montos correspondientes dentro de los plazos legales.
Según el expediente, los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, e incluyen retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
Un monto millonario bajo la lupa judicial
En la denuncia original, el dinero no depositado en tiempo y forma fue estimado en más de $7.500 millones. Una ampliación posterior elevó la cifra a casi $11.800 millones, por lo que el total investigado supera los $19.300 millones.
Desde ARCA sostuvieron que los fondos retenidos “no constituyen recursos propios del contribuyente”, sino dinero perteneciente al Estado, y que su no ingreso configura una indebida apropiación de caudales públicos.
Pruebas y próximos pasos
Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que dan cuenta de acreditaciones en cuentas de la AFA y de la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por montos significativos. Para el organismo denunciante, estos elementos demostrarían que la entidad contaba con capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones fiscales y previsionales.
Las indagatorias previstas para marzo serán clave para definir el futuro procesal de los dirigentes involucrados y el avance de una causa que impacta de lleno en la conducción del fútbol argentino.