El Tribunal Oral Federal N°2 activó la ejecución patrimonial en la causa Vialidad. La medida alcanza propiedades, hoteles y activos vinculados a la ex presidenta, sus hijos y otros condenados.
La causa Vialidad entró en una etapa clave con la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 de avanzar en la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados, con el objetivo de recuperar cerca de $685 mil millones por el perjuicio económico al Estado.
La medida se produce tras la confirmación de la condena por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y marca el paso de la sentencia a su impacto patrimonial concreto.
Un patrimonio concentrado en Santa Cruz
El decomiso incluye alrededor de veinte inmuebles vinculados a la familia Kirchner, principalmente en El Calafate y Río Gallegos.
Se trata de propiedades adquiridas en el período de crecimiento político y económico del kirchnerismo, muchas de las cuales fueron transferidas posteriormente a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Hoteles y desarrollos inmobiliarios bajo la lupa
Entre los bienes más relevantes figura el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica, considerado uno de los activos emblemáticos del patrimonio investigado.
También se incluyen terrenos de gran extensión y propiedades vinculadas al desarrollo turístico e inmobiliario en la región, muchas de ellas adquiridas en años de fuerte expansión económica en Santa Cruz.
Vínculos con empresarios y obra pública
La ejecución alcanza además activos relacionados con el empresario Lázaro Báez, uno de los principales condenados en la causa.
Entre ellos, se destacan complejos de departamentos y propiedades construidas en Río Gallegos, que para la Justicia forman parte de un entramado económico vinculado a la adjudicación de obra pública.
Cesiones a familiares y criterio judicial
Uno de los puntos centrales del fallo es la inclusión de bienes transferidos a los hijos de la ex presidenta en años posteriores a los hechos investigados.
El tribunal consideró que estas cesiones no modifican el origen de los fondos ni impiden el decomiso, fijando un criterio relevante sobre la responsabilidad patrimonial.
Un decomiso de alcance histórico
La medida también contempla avanzar sobre bienes de empresas vinculadas a la causa, en caso de que los activos principales no alcancen para cubrir el monto fijado.
Todos los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que deberá definir su administración y eventual destino.
Por su magnitud, el proceso se posiciona como uno de los decomisos más importantes en la historia judicial del país, con impacto no solo económico sino también institucional.