Marta Elba Pascual defendió la suspensión por 60 días del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires y aseguró que su decisión no cuestiona la reducción de la edad de imputabilidad. Su principal preocupación es la falta de infraestructura, personal especializado y recursos para atender a los adolescentes alcanzados por la nueva normativa.
La jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, explicó públicamente los motivos de su decisión y buscó despejar una de las principales controversias generadas alrededor de su resolución.
La magistrada aclaró que no se opone a la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que cuestiona las condiciones materiales en las que comenzaría a funcionar el nuevo sistema.
Su preocupación central está puesta en la capacidad de la Provincia para alojar, asistir y brindar herramientas de reinserción a un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad.
“No vamos a crear más seguridad”
Pascual sostuvo que conoce de cerca la problemática de la inseguridad y que su decisión no implica desconocer los delitos cometidos por menores.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó en declaraciones radiales.
La jueza planteó que el encarcelamiento de adolescentes sin programas adecuados de educación, capacitación y tratamiento puede terminar agravando el problema en lugar de resolverlo.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, sostuvo.
Qué cuestionó la magistrada
La resolución judicial apunta principalmente a la falta de infraestructura y recursos suficientes para poner en marcha el nuevo régimen.
Para Pascual, antes de ampliar el universo de adolescentes que quedarán alcanzados por el sistema penal es necesario conocer con qué establecimientos, personal especializado, programas y recursos contará la Provincia.
La discusión, por lo tanto, no se centra únicamente en la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente, sino también en cómo se aplicará concretamente esa normativa.
La suspensión será por 60 días
La medida fue dictada a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La suspensión tendrá una duración inicial de 60 días, período durante el cual deberán precisarse las condiciones previstas por las autoridades bonaerenses para implementar el nuevo régimen.
El objetivo será determinar cómo funcionará el sistema y cuáles serán los recursos disponibles para atender a los adolescentes alcanzados por la normativa.
“Quiero seguridad”
Pascual también respondió a las críticas que recibió después de su resolución y rechazó la idea de que su postura responda exclusivamente a una posición garantista.
“Garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, afirmó.
De esta manera, la jueza buscó marcar una diferencia entre cuestionar la implementación de una política penal y oponerse a la responsabilidad penal de los menores.
La discusión ahora queda centrada en si la Provincia podrá demostrar que cuenta con las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el nuevo régimen sin que el aumento de adolescentes bajo medidas privativas de libertad termine profundizando los problemas que ya existen en el sistema.