El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano por su presunta responsabilidad en las protestas que paralizaron gran parte del país. La investigación incluye delitos de terrorismo, alzamiento armado y atentados contra servicios públicos.
La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del expresidente Evo Morales, quien quedó formalmente acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados a los bloqueos de rutas que afectaron al país durante 53 días y provocaron una profunda crisis política, social y económica.
La medida fue dispuesta por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, quien instruyó a la Policía boliviana a localizar y trasladar al exmandatario a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. La decisión se produjo tras denuncias impulsadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
La investigación incluye seis delitos
La causa judicial investiga a Morales por presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad del Estado, terrorismo, atentado contra los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos.
Según la acusación, el exmandatario habría sido uno de los principales impulsores de las protestas y bloqueos que se desarrollaron entre mayo y junio en distintas regiones del país.
Durante ese período, organizaciones campesinas, sectores sindicales y grupos afines a Morales instalaron más de un centenar de cortes de rutas, principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en reclamo de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos dejaron muertos, heridos y pérdidas millonarias
De acuerdo con datos difundidos por la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones sociales y cívicas, el conflicto dejó un saldo de 22 personas fallecidas y 88 heridas.
Además del impacto social, las protestas provocaron serios problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, mientras que las pérdidas económicas superaron los 3.000 millones de dólares, afectando especialmente a la producción agroindustrial y al transporte de mercancías.
Ante la continuidad de los bloqueos, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio y ordenó el despliegue conjunto de fuerzas policiales y militares para restablecer la circulación en las principales rutas del país.
Evo Morales denunció persecución política
Tras conocerse la orden de aprehensión, Morales rechazó las acusaciones y sostuvo que el proceso judicial busca responsabilizarlo por una crisis que atribuye al actual gobierno.
A través de sus redes sociales, el exmandatario aseguró que continuará «luchando junto al pueblo» y afirmó que las movilizaciones fueron consecuencia del deterioro económico y social que atraviesa Bolivia.
También negó haber impulsado la renuncia del presidente Rodrigo Paz y sostuvo que las protestas respondieron a demandas sociales insatisfechas.
Otros dirigentes también fueron alcanzados
La orden judicial también comprende al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al referente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar.
Este último permanece detenido preventivamente desde principios de julio, acusado de haber organizado parte de los bloqueos registrados en el occidente boliviano.
Mientras tanto, Morales continúa en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político, donde permanece acompañado por seguidores. Además de esta investigación, enfrenta otra causa judicial por presunta trata agravada de personas.