El proceso judicial se inició este lunes en la Primera Circunscripción Judicial. La ex funcionaria provincial enfrenta cargos por presunto peculado, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
Este lunes comenzó en la ciudad de San Luis el juicio oral contra la ex secretaria de Deportes de la provincia, Cintia Marina Ramírez, acusada de distintos delitos vinculados al manejo de fondos públicos destinados a la actividad deportiva.
El debate se desarrolla ante un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por Fernando de Viana, quien preside el proceso, junto a las juezas Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur.
La causa llega a esta instancia con un pedido de condena de cinco años de prisión, en el marco de una investigación que analiza transferencias millonarias y decisiones administrativas tomadas durante la gestión de la ex funcionaria.
Las acusaciones que enfrenta la ex funcionaria
El Ministerio Público Fiscal sostiene que durante su paso por la Secretaría de Deportes, Ramírez habría utilizado su posición dentro del Estado para intervenir en la asignación y administración de recursos públicos que terminaron beneficiando a una entidad privada vinculada a su conducción.
Según la acusación, la imputada habría concentrado simultáneamente tres roles con capacidad de decisión sobre los mismos fondos: como secretaria de Deportes de la provincia, como presidenta del Ente de Deportes San Luis y como titular del San Luis Fútbol Club, una asociación privada creada posteriormente.
De acuerdo con la fiscalía, esta coincidencia de funciones habría generado un esquema que permitió intervenir en la administración de fondos estatales, participar en las decisiones sobre su destino y, al mismo tiempo, conducir la entidad privada que habría recibido parte de esos recursos.
Transferencias millonarias bajo investigación
Durante la apertura del juicio, los fiscales indicaron que intentarán demostrar que, tras asumir en marzo de 2022 como secretaria de Deportes, Ramírez participó en la creación de un ente descentralizado vinculado al área deportiva que recibió aportes estatales significativos.
Meses después, en octubre de ese mismo año, se constituyó el San Luis Fútbol Club, entidad privada que quedó bajo su presidencia.
Según la acusación, desde organismos vinculados a la Secretaría de Deportes se habrían realizado transferencias millonarias hacia ese club, fondos que posteriormente habrían sido utilizados para cubrir gastos operativos relacionados con la actividad deportiva, entre ellos indumentaria, transporte, viajes y alimentación.
La compra de un colectivo, uno de los puntos centrales
Uno de los aspectos clave que será analizado durante el debate judicial es la adquisición de un colectivo que, de acuerdo con la fiscalía, habría sido comprado con fondos públicos.
Los investigadores sostienen que durante el juicio se expondrá el procedimiento administrativo que permitió concretar esa compra, la presunta intervención de la imputada en el proceso y la posible existencia de un sobreprecio estimado en 175 millones de pesos.
La postura de la defensa
Antes de iniciar su exposición, la defensa de Ramírez planteó que durante la etapa de investigación se habrían vulnerado garantías constitucionales vinculadas al debido proceso y al derecho de defensa.
En ese marco, solicitó que se incorpore al debate una resolución reciente del Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella se opusieron al planteo, argumentando que su incorporación en esta instancia podría implicar una valoración anticipada de elementos que aún no fueron analizados en el juicio.
Tras escuchar a las partes, el tribunal resolvió rechazar el pedido de la defensa.
Un juicio con 29 testigos
La estrategia defensiva anticipó que buscará demostrar que las decisiones administrativas cuestionadas se tomaron dentro del marco legal vigente y que no existieron los delitos atribuidos.
El proceso continuará ahora con la producción de pruebas testimoniales y documentales. Está previsto que durante el debate declaren 29 testigos y que las audiencias se extiendan hasta el 20 de marzo.