La Cámara Penal N° 2 escuchará este viernes las exposiciones finales en un proceso marcado por pericias clave, testimonios comprometedores y la aparición de nuevas responsabilidades políticas. La acusación apunta a un esquema de desvío de fondos públicos y fraude.
El juicio por presunta corrupción contra la ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, transita sus horas más determinantes. Este jueves, la Cámara Penal N° 2 dará inicio a la etapa de alegatos finales, instancia en la que las partes expondrán sus conclusiones antes del veredicto.
El proceso oral llega a esta fase luego de varias jornadas atravesadas por declaraciones, pruebas técnicas y testimonios que delinearon un escenario complejo para la exfuncionaria.
Una acusación centrada en el manejo de fondos públicos
La Fiscalía sostiene que Ramírez concentraba el control total de las decisiones administrativas vinculadas a la Secretaría de Deportes y al Ente Deportes. En ese marco, se investiga un presunto esquema de desvío de fondos hacia el San Luis Fútbol Club, institución que ella misma fundó y dirigía.
Según la acusación, durante 2023 se habrían realizado 188 transferencias de dinero público que superan los 166 millones de pesos. Esos movimientos financieros son considerados el núcleo del caso por peculado, fraude y malversación.
Testimonios de excolaboradores reforzaron esta hipótesis al señalar que las decisiones pasaban exclusivamente por la exfuncionaria, lo que para la fiscalía configura una cadena de responsabilidades clara.
El colectivo, en el centro de la causa
Uno de los puntos más sensibles del juicio es la compra de un colectivo para el club, operación que concentra buena parte de las sospechas.
Durante el debate, una pericia técnica determinó que el vehículo presentaba un estado avanzado de deterioro: alto kilometraje, fallas mecánicas relevantes y condiciones generales deficientes.
El dato clave fue la valuación: el colectivo fue tasado en poco más de 114 millones de pesos, mientras que el Estado provincial habría abonado cerca de 290 millones. La diferencia, que ronda los 175 millones, es considerada por la acusación como un posible sobreprecio.
El impacto de la declaración de Rodríguez Saá
El juicio sumó un giro político y judicial tras la declaración del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, quien reconoció haber tenido intervención en la decisión de compra del vehículo.
Sus dichos no solo generaron repercusiones dentro de la causa, sino que también abrieron la puerta a una nueva investigación paralela. Desde Fiscalía de Estado anticiparon que avanzarán con una denuncia propia para determinar su eventual responsabilidad penal.
Además, en su exposición, el exmandatario mencionó a otros exfuncionarios que habrían participado en el proceso, lo que amplía el alcance del caso.
Una definición que se acerca
Con los alegatos finales, el tribunal comenzará a evaluar los elementos reunidos durante el proceso. La fiscalía buscará consolidar su teoría del caso, mientras que la defensa intentará desacreditar las pruebas y testimonios.
El desenlace del juicio no solo definirá la situación judicial de Ramírez, sino que también podría marcar el inicio de nuevas causas vinculadas a la gestión anterior.