La Justicia formuló cargos contra la exjefa comunal Antonella Gil por presunto peculado, falsificación de documentos y uso de documentación falsa. La investigación se inició tras una denuncia de la Fiscalía de Estado por supuestas inconsistencias en las rendiciones de cuentas correspondientes a 2022.
La exintendenta de Fraga, Antonella Gil, fue imputada este lunes en una causa que investiga presuntas maniobras irregulares en la administración de fondos públicos durante su gestión al frente del municipio.
La fiscal de Instrucción N.º 6, Linda Maluf, le atribuyó de manera provisoria los delitos de peculado, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, en concurso real, en una investigación que se originó a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado luego de una auditoría sobre las rendiciones de cuentas del ejercicio 2022.
La jueza de Garantía N.º 4, Luciana Banó, dio por formulados los cargos y ordenó una serie de medidas cautelares mientras avanza la investigación.
Medidas cautelares y restricciones
Durante la audiencia, la magistrada dispuso la inhibición general de bienes por 180 días, además de prohibir a la exintendenta salir de la provincia sin autorización judicial.
Asimismo, deberá presentarse entre el 1 y el 10 de cada mes para firmar el libro correspondiente en la Fiscalía.
Antes de la formulación de cargos, la defensa solicitó la nulidad del procedimiento al sostener que aún existe una resolución pendiente del Tribunal de Cuentas y que el avance de la causa penal afectaría el derecho de defensa.
Sin embargo, la Fiscalía argumentó que los procesos administrativos no impiden el desarrollo de una investigación penal. Finalmente, la jueza rechazó el planteo y permitió que la causa continúe.
La investigación apunta a rendiciones de cuentas de 2022
La causa comenzó a raíz de una denuncia presentada el 1 de noviembre de 2024 por la Fiscalía de Estado, luego de una auditoría sobre las rendiciones de cuentas municipales correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2022.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, durante ese período se habrían utilizado 37 comprobantes presuntamente apócrifos, entre facturas y tickets, para justificar gastos que, según la investigación, no habrían sido acreditados.
La Fiscalía estima que las presuntas maniobras habrían ocasionado un perjuicio económico cercano a 19,5 millones de pesos.
Proveedores negaron operaciones comerciales
Como parte de la investigación, los investigadores tomaron declaración a distintos proveedores cuyos nombres figuraban en la documentación presentada por el municipio.
De acuerdo con la acusación fiscal, varios de ellos manifestaron no haber emitido los comprobantes cuestionados ni haber mantenido relaciones comerciales con la Municipalidad de Fraga durante el período investigado.
También se analizan operaciones comerciales realizadas fuera de la provincia y un presunto faltante de fondos relacionado con el cobro de un cheque emitido a favor del municipio.
La defensa sostiene que existe un trasfondo político
Durante la audiencia, la defensa de Antonella Gil rechazó las acusaciones y afirmó que la causa tiene motivaciones políticas.
Además, insistió en que todavía resta una resolución administrativa definitiva por parte del Tribunal de Cuentas y cuestionó que la investigación penal avance antes de esa definición.
No obstante, la jueza consideró que existen elementos suficientes para continuar con la etapa investigativa, aclarando que la imputación tiene carácter provisorio y que la causa seguirá con nuevas medidas de prueba para determinar si existieron responsabilidades penales.