En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una campaña digital que solicita la apertura del azud de Piedra Blanca, obra recientemente ejecutada en la Villa de Merlo. El pedido apunta a que el agua vuelva a correr libremente por su cauce natural y se presenta bajo consignas ambientales y legales.
La iniciativa fue impulsada por Lali Trachsler, propietaria del emprendimiento privado Parque Draco y conocida por su militancia política opositora a la actual gestión municipal. En el texto difundido se argumenta que la retención del agua afectaría la flora y fauna local, perjudicaría a vecinos de la provincia de Córdoba y podría incluso violar disposiciones de la Constitución Nacional, llegando a tipificarse —según se afirma— como un delito grave.
Sin embargo, los fundamentos expuestos resultan poco precisos y carentes de sustento técnico, y hasta el momento la petición reúne apenas 13 adhesiones, un número que dista considerablemente de representar un reclamo social amplio o genuino.
El planteo abre varios interrogantes. Por un lado, podría interpretarse como una preocupación ambiental legítima, surgida desde algunos sectores de la comunidad. Pero, por otro, el contexto político de quienes promueven la campaña y la escasa repercusión obtenida permiten leer la acción como una maniobra de bajo impacto orientada a desgastar una obra clave de la gestión municipal.
Lo concreto es que el azud de Piedra Blanca forma parte de una obra millonaria y estratégica, diseñada para garantizar el acceso al agua potable y acompañar el desarrollo humano de miles de vecinos de Merlo, un recurso esencial en una región donde el cuidado y la administración del agua resultan centrales.
Con el correr de los días se sabrá si la iniciativa logra mayor respaldo o queda reducida a una expresión digital de alcance limitado. Por ahora, los hechos muestran más ruido político que un reclamo ambiental con peso real, en torno a una infraestructura que cumple un rol fundamental para la comunidad.