El gobernador de Entre Ríos presentó denuncias penales tras encontrar micrófonos ocultos en dependencias oficiales. El PRO expresó su respaldo y pidió que la Justicia avance para esclarecer los hechos.
El hallazgo y la denuncia judicial
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles el hallazgo de dispositivos de espionaje ilegal ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia. Según confirmó el propio mandatario, se trató de tres aparatos que motivaron la inmediata presentación de denuncias penales y la apertura de investigaciones internas.
La situación fue comunicada públicamente por Frigerio, quien señaló que los elementos encontrados no solo vulneran la privacidad institucional, sino que representan una práctica incompatible con el funcionamiento democrático del Estado.
“Prácticas oscuras del pasado”
Tras el descubrimiento, el gobernador vinculó el hecho con mecanismos de espionaje que consideró propios de etapas ya superadas. En ese sentido, remarcó que su gestión no tolerará este tipo de acciones y ratificó su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración pública provincial.
Frigerio sostuvo que el episodio no alterará el rumbo político iniciado en diciembre de 2023 y aseguró que las transformaciones encaradas por su gobierno continuarán sin condicionamientos.
Respaldo del PRO y pedido de investigación
El PRO, fuerza política a la que pertenece el gobernador, expresó su respaldo público y calificó el hecho como “gravísimo”. A través de un comunicado, el partido reclamó que la Justicia investigue a fondo lo ocurrido y sancione a los responsables.
Desde el espacio político remarcaron que en democracia no hay lugar para estructuras clandestinas, operaciones encubiertas ni presiones ilegales dentro del Estado.
Detalles técnicos del espionaje
El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, aportó precisiones sobre los dispositivos encontrados. En declaraciones radiales, indicó que se trataría de micrófonos conectados a Internet, instalados tanto en el despacho personal del gobernador como en dependencias de la Secretaría General.
Las investigaciones judiciales y administrativas quedaron en marcha para determinar responsabilidades y el origen de los dispositivos.