El Gobierno de San Luis presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la magistrada del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5. La acusan de grave desconocimiento del derecho y de dictar una resolución que, según sostiene el Ejecutivo, pone en riesgo el patrimonio provincial con una regulación de honorarios superior a los 1.198 millones de pesos.
La Fiscalía de Estado de San Luis presentó este martes una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la jueza Cynthia Fernández Paz, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, y solicitó su destitución y suspensión preventiva mientras avanza el proceso.
La presentación fue realizada por la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, por instrucción del gobernador Claudio Poggi, quien cuestionó duramente una resolución judicial que fijó honorarios profesionales por más de 1.198 millones de pesos en una causa ambiental vinculada al denominado Parque Acueducto Vulpiani, en Juana Koslay.
La denuncia apunta a presuntas irregularidades en una causa ambiental
El planteo del Estado provincial se originó en el expediente «Asamblea Ciudadana por el Vulpiani c/ Gobierno de la Provincia de San Luis s/ Acción Preventiva de Daño Ambiental».
Según la denuncia, la jueza modificó el criterio para determinar el monto del proceso y le asignó un valor económico equivalente a 93.000 JUS, cercano a los 4.000 millones de pesos, pese a tratarse —según sostiene Fiscalía de Estado— de una causa de monto indeterminado y vinculada a una obra pública que finalmente no llegó a ejecutarse.
Sobre esa base, la magistrada reguló honorarios profesionales que totalizan $1.198.961.208.
El Gobierno sostiene que hubo un apartamiento de la ley
En la denuncia, la Fiscalía de Estado afirma que la resolución desconoce normas constitucionales y disposiciones previstas tanto en el Código Civil y Comercial de la Nación como en la legislación provincial sobre honorarios profesionales.
Para el organismo, la decisión representa un grave perjuicio para las finanzas públicas y constituye un apartamiento del derecho vigente.
En ese sentido, el Ejecutivo argumentó que el monto regulado equivale a recursos que podrían destinarse a áreas como seguridad, salud, infraestructura y asistencia social.
Poggi cuestionó la resolución judicial
A través de sus redes sociales, el gobernador Claudio Poggi respaldó la presentación realizada por la Fiscalía de Estado y sostuvo que la regulación de honorarios resulta «estrafalaria, desmedida y grotesca».
Además, afirmó que cuando un funcionario público adopta decisiones que, según su criterio, afectan el patrimonio del Estado y los recursos de todos los sanluiseños, corresponde impulsar los mecanismos institucionales previstos por la Constitución para determinar eventuales responsabilidades.
Cómo continuará el proceso
Tras la presentación de la denuncia, el Jurado de Enjuiciamiento deberá recibir la ratificación formal por parte de la Fiscal de Estado y posteriormente analizar si corresponde declarar admisible la causa.
En caso de avanzar esa instancia, el organismo evaluará el pedido de suspensión preventiva de la magistrada mientras continúa el proceso disciplinario.
La causa se encuentra ahora en la etapa inicial del procedimiento previsto por la Constitución Provincial para este tipo de denuncias contra integrantes del Poder Judicial.