El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó más de $114 millones a una entidad dirigida por la esposa del ministro Federico Sturzenegger. El valor por hora supera ampliamente la escala salarial docente vigente.
La adjudicación directa realizada por la Cancillería Argentina a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa volvió a encender la polémica en torno a los mecanismos de contratación del Estado. El contrato, por más de $114 millones, contempla un valor por hora de capacitación que llega a ser hasta un 338% superior al de un docente del sistema público.
La entidad beneficiada es la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger, un dato que reavivó críticas políticas y cuestionamientos éticos.
Un valor por hora que multiplica la escala docente
Según un análisis de la Agencia Noticias Argentinas, el contrato establece 594 horas de capacitación presencial entre marzo y noviembre, lo que arroja un costo de $191.993 por hora cátedra.
Al comparar ese monto con los valores oficiales del sistema educativo, la brecha resulta contundente. Una hora cátedra sin antigüedad se paga actualmente $43.800, lo que implica que Cancillería desembolsará un 338% más por cada hora. Incluso frente al escalafón más alto, donde un docente con máxima antigüedad cobra $64.289, el sobrecosto sigue siendo cercano al 200%.
La defensa oficial: un “servicio integral”
Desde el expediente técnico y los ámbitos oficiales se sostiene que no se trata de una simple contratación docente. El valor por hora incluye exámenes de nivelación, plataformas virtuales, seguimiento de desempeño, certificaciones internacionales y la provisión de libros originales para los 132 alumnos del programa.
Entre los materiales contemplados figuran textos de editoriales internacionales como Oxford y Cambridge, además de otros costos operativos asociados a la implementación del curso.
Críticas y cuestionamientos en aumento
Más allá de las justificaciones administrativas y la firma de un “Pacto de Integridad”, el elevado valor por hora volvió a poner en discusión la transparencia de las contrataciones públicas, especialmente cuando los beneficiarios mantienen vínculos directos con funcionarios de primera línea del Gobierno nacional.
El caso suma presión política sobre Cancillería y promete seguir generando repercusiones en el Congreso y en la opinión pública.