Las resoluciones del Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes quedaron bajo la lupa tras el ataque a una nena en Santa Rosa del Conlara. En menos de un mes se concedieron beneficios a internos condenados por homicidio, abuso sexual y robos armados.
El violento ataque sufrido por una nena de 10 años en el paraje Los Peros, cometido por un condenado a prisión perpetua que se encontraba en libertad condicional, reactivó un profundo debate en San Luis sobre los criterios utilizados para otorgar beneficios penitenciarios. En ese marco, cobraron relevancia las decisiones adoptadas durante enero por el Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes.
La dependencia judicial, a cargo de la jueza Nora Graciela Villegas, es la única en su tipo en esa ciudad y tiene bajo su órbita el control de condenas, libertades condicionales, salidas transitorias y permisos extraordinarios en toda la jurisdicción.
Permisos extraordinarios otorgados en un mes
Durante enero, el juzgado concedió al menos 11 permisos extraordinarios a internos alojados en el Servicio Penitenciario Provincial de Pampa de las Salinas. Se trata de beneficios que implican traslados de más de 600 kilómetros y un importante despliegue operativo, con la participación de varios efectivos penitenciarios y recursos logísticos afrontados por el Estado.
Cada salida requiere la evaluación del destino, el entorno familiar del interno y un operativo de custodia que se extiende por varias horas. Según los registros, los permisos tuvieron una duración de entre cuatro y seis horas.
Aunque este tipo de autorizaciones suele concederse ante situaciones excepcionales, como fallecimientos o nacimientos de familiares directos, en las resoluciones firmadas durante enero se reiteró el criterio de “entrelazar lazos familiares” como fundamento principal.
Condenados por homicidio, abuso y robos armados
Entre los beneficiados figuran internos condenados por delitos de extrema gravedad. Darío “El Coya” Giménez, condenado en 2023 a 13 años de prisión por homicidio calificado por el uso de arma de fuego, accedió a un permiso extraordinario.
También fue beneficiado Carlos Ernesto Cordido, condenado a siete años de prisión por intentar abusar sexualmente del hijo menor de su pareja. En la nómina aparecen además Martín Joel Barroso, sentenciado por portación de arma y robo calificado en grado de tentativa; Jorge Escobar, condenado por homicidio; y Mario César Lucero, condenado a prisión perpetua por un doble homicidio.
Otro de los casos que generó fuerte impacto fue el de Ricardo Ariel González, condenado a prisión perpetua por el homicidio del policía Rodolfo Domínguez, quien también obtuvo una salida extraordinaria durante enero.
Libertades condicionales y antecedentes recientes
A estos permisos se suman libertades condicionales otorgadas en los últimos dos años a personas condenadas por homicidio, abuso sexual agravado, robos calificados con armas y lesiones graves. Las resoluciones incluyeron internos con condenas que se remontan a 2007, 2016, 2019 y 2021, con un número significativo de beneficios concentrados en ese período.
El caso que desató la polémica
La discusión pública se intensificó tras conocerse que Diego Domingo Ponce, condenado a prisión perpetua por un femicidio cometido en 2002, había sido beneficiado con la libertad condicional en octubre de 2025. Tres meses después, fue detenido acusado de ingresar a una vivienda rural de Santa Rosa del Conlara, apuñalar a una nena de 10 años y huir creyéndola sin vida.
El episodio derivó en duras críticas del gobernador Claudio Poggi, cuestionamientos institucionales al criterio aplicado por la magistrada y una movilización de vecinos que reclamaron su destitución mediante un juicio político.
Mientras la menor continúa su recuperación y el acusado permanece detenido, el foco sigue puesto en las decisiones adoptadas por el único juzgado de ejecución penal de Villa Mercedes y en el debate abierto sobre los controles, responsabilidades y alcances del otorgamiento de beneficios a condenados por delitos violentos.