Con 44 votos afirmativos y 27 negativos, la Cámara alta sancionó la reforma de la Ley Penal Juvenil impulsada por el oficialismo durante las sesiones extraordinarias.

El Senado de la Nación Argentina aprobó este viernes la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, tras sancionar la reforma de la Ley Penal Juvenil. La iniciativa obtuvo 44 votos positivos y 27 negativos, consolidando un nuevo avance legislativo del oficialismo en el actual período de sesiones extraordinarias.

El proyecto fue impulsado por La Libertad Avanza, que logró articular los apoyos necesarios luego de una negociación parlamentaria con bloques aliados.

Un debate atravesado por la inseguridad

Durante la sesión, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de hechos de inseguridad, un gesto que marcó el tono político del debate.

Desde el oficialismo argumentaron que en los últimos años se registró un aumento de delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años, con una participación creciente en hechos graves. En ese contexto, señalaron que la legislación vigente generaba una percepción de impunidad que el Estado debía corregir.

Reforma y marco legal actualizado

La iniciativa busca actualizar una normativa que data de 1980, considerada desfasada frente al escenario actual de la delincuencia juvenil. Según el planteo oficial, el objetivo es contar con un marco legal moderno que permita intervenir de manera temprana y efectiva ante conductas delictivas protagonizadas por menores.

Desde el Ministerio de Seguridad, actualmente a cargo de Alejandra Monteoliva, señalaron que uno de los problemas detectados es la utilización de menores por parte de organizaciones delictivas, que se aprovechan de la imposibilidad de procesarlos penalmente.

El consenso político y la edad límite

El proyecto original impulsado por el oficialismo establecía la imputabilidad a partir de los 13 años. Sin embargo, tras el debate legislativo y las negociaciones con fuerzas dialoguistas, la edad fue elevada a 14 años para alcanzar el consenso necesario.

Este punto resultó clave para asegurar el acompañamiento de bloques como el PRO y la UCR, que consideraron que los 14 años representan un umbral más equilibrado y alineado con la legislación vigente en otros países de la región.

Comparación regional

En América Latina, varios países ya establecen la edad de imputabilidad en los 14 años, entre ellos Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Otros, como Brasil y Ecuador, fijan el inicio incluso a los 12 años, bajo regímenes que priorizan medidas socioeducativas y la reinserción social.

Con la sanción en el Senado, la reforma de la Ley Penal Juvenil avanza como uno de los cambios más significativos en materia penal de los últimos años y reabre un debate profundo sobre seguridad, responsabilidad penal y políticas públicas orientadas a la infancia y la adolescencia.

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