La nueva dependencia fue presentada este jueves y tendrá como objetivo responder públicamente a lo que el Ejecutivo considera desinformación impulsada por medios y sectores políticos. Aseguran que busca aportar datos y no censurar.
El Gobierno nacional puso en marcha este jueves la Oficina de Respuesta Oficial, una nueva herramienta comunicacional destinada a contestar de forma directa noticias que el Ejecutivo considera falsas y a exponer lo que define como operaciones mediáticas y políticas.
La iniciativa fue presentada a través de la red social X, donde la flamante dependencia comenzó a difundir sus primeros mensajes con un tono confrontativo y una misión explícita: desmentir la mentira, señalar falsedades concretas y diferenciar datos de relatos.
Una nueva estrategia frente a la desinformación
Desde el Gobierno explicaron que la creación de la Oficina responde a un cambio de escenario comunicacional. Según señalaron, tras la decisión de eliminar la pauta oficial, se intensificaron críticas, versiones inexactas y campañas de desinformación.
Bajo ese diagnóstico, el Ejecutivo sostiene que limitarse a informar ya no resulta suficiente. La nueva dependencia buscará intervenir públicamente cuando considere que circulan datos falsos o interpretaciones distorsionadas sobre la gestión.
“Más información, no censura”
En su presentación oficial, la Oficina remarcó que su función no será restringir voces ni condicionar a la prensa, sino aportar información verificable para que la ciudadanía pueda evaluar los hechos con mayor claridad.
Desde el Ejecutivo insistieron en que la medida apunta a fortalecer la libertad de expresión y no a limitarla, diferenciándose de prácticas que atribuyen a otros espacios políticos. “La democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola”, afirmaron.
Diferenciar hechos de relatos
La Oficina de Respuesta Oficial aseguró que no buscará imponer una mirada ni convencer a la opinión pública, sino ofrecer herramientas para distinguir hechos comprobables de construcciones discursivas.
Con esta decisión, el Gobierno suma una nueva voz institucional al debate público, en un contexto marcado por la polarización política, el rol de las redes sociales y la discusión sobre el impacto de la desinformación en la vida democrática.