La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Ejecutivo recurrirá la decisión judicial que dejó sin efecto el protocolo para el control de protestas. Patricia Bullrich también cuestionó al juez que dictó la medida.
El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado protocolo antipiquetes, una herramienta impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich para regular las protestas sociales y los cortes de calles. La confirmación llegó por parte de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien cuestionó con dureza la decisión judicial.
El pronunciamiento se conoció luego de que el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, resolviera frenar la vigencia del protocolo a partir de una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La postura del Gobierno frente al fallo judicial
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la eliminación del protocolo implica un retroceso en materia de orden público. Monteoliva sostuvo que la medida judicial afecta una política que, según el Gobierno, permitió garantizar la libre circulación y reducir situaciones de conflicto en la vía pública.
La funcionaria remarcó que el Ejecutivo no dará marcha atrás y que el fallo será apelado, al considerar que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos que respaldan su aplicación.
Críticas de Bullrich y respaldo al protocolo
La exministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, también se expresó tras conocerse la resolución judicial. En sus declaraciones públicas, cuestionó al magistrado que firmó el fallo y defendió el protocolo como una herramienta avalada previamente por otros tribunales.
Bullrich sostuvo que la anulación del protocolo perjudica a quienes buscan trabajar y circular con normalidad, y aseguró que el orden público no es una variable negociable para el Estado.
El fallo que frenó el protocolo antipiquetes
La decisión judicial fue dictada este lunes por el juez Martín Cormick, quien resolvió dejar sin efecto el protocolo para la contención de movilizaciones sociales y cortes de calle. El fallo se originó a partir de un reclamo del CELS, que cuestionó la legalidad y el alcance de la medida.
Con la apelación anunciada por el Gobierno, el debate sobre el protocolo antipiquetes vuelve a instalarse en el centro de la escena política y judicial, con impacto directo en la gestión de las protestas y el orden público.