El Ejecutivo prepara un proyecto para modificar el esquema vigente y negocia con las universidades públicas su inclusión en las sesiones extraordinarias, en un contexto de tensión presupuestaria y debate político.
El Gobierno nacional avanzará con el envío al Congreso de la Nación Argentina de un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de reformular el régimen actual y atender los reclamos del sistema universitario. La iniciativa podría incorporarse al temario de las sesiones extraordinarias mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
La decisión se conoce pocos días después de que la administración de Javier Milei apelara una medida cautelar que obliga a aplicar la ley vigente, la cual establece la actualización de salarios docentes y de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales.
Negociaciones con el sistema universitario
En paralelo al avance legislativo, funcionarios del área educativa iniciaron conversaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional para consensuar los lineamientos de una nueva normativa. El objetivo oficial es alcanzar un esquema que combine previsibilidad fiscal con mayor seguridad jurídica para las casas de estudio.
Según trascendió, el proyecto no buscaría derogar la ley actual, sancionada en 2024, sino modificarla para reemplazarla por un nuevo marco legal que contemple las demandas presupuestarias sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
Sesiones extraordinarias y tiempos legislativos
La iniciativa podría ser incluida en las sesiones extraordinarias a través de un decreto que se publicaría en el Boletín Oficial en los próximos días. En ese mismo instrumento se formalizaría la extensión del período legislativo hasta el 28 de febrero, aunque la incorporación de nuevos temas deberá ser validada por la Cámara de Diputados.
Desde el oficialismo admiten que el éxito del proyecto dependerá de la construcción de consensos políticos en el Congreso, en un escenario atravesado por debates sensibles en materia educativa, presupuestaria y social.
Un contexto de reformas y tensiones
El impulso a una nueva ley de financiamiento universitario se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno, que en las últimas semanas logró avances legislativos relevantes, como la reforma laboral y la media sanción de la ley penal juvenil, además del aval al acuerdo con el Mercosur.
En este marco, el Ejecutivo busca desactivar los frentes judiciales abiertos por el financiamiento universitario y, al mismo tiempo, encarar una discusión de fondo sobre el rol del Estado en la sostenibilidad del sistema de educación superior.