El Ministerio de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia firmaron un convenio para intercambiar información de manera segura. El objetivo es fortalecer la gestión judicial y agilizar el acceso a los datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que continuará bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial.
El Gobierno de San Luis y el Superior Tribunal de Justicia avanzaron en una nueva herramienta de cooperación institucional destinada a optimizar el acceso a la información vinculada al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). A partir de un convenio firmado este jueves, el Poder Ejecutivo enviará cada mes la base de datos actualizada al Poder Judicial mediante un sistema seguro y con estrictos protocolos de confidencialidad.
El acuerdo fue rubricado por el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Alberto Levingston, junto a integrantes del máximo órgano judicial provincial y autoridades del área de Informática Judicial.
Un intercambio seguro para fortalecer la gestión judicial
El convenio permitirá incorporar la información del Registro al sistema de interoperabilidad judicial de la Región Nuevo Cuyo, impulsado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus).
Cada mes, el Ministerio de Gobierno remitirá la base de datos actualizada, que incluirá información como identidad del deudor, documento, fecha de inscripción y juzgado interviniente. El intercambio se realizará mediante canales cifrados y contará con mecanismos de auditoría que garanticen la seguridad de los datos.
El registro seguirá bajo la órbita del Ejecutivo
Las autoridades aclararon que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos continuará siendo administrado por el Ministerio de Gobierno, tal como lo establece la legislación vigente en San Luis.
Las inscripciones seguirán siendo ordenadas exclusivamente por los juzgados competentes, mientras que el convenio permitirá que esa información vuelva al Poder Judicial de manera sistematizada para facilitar tareas estadísticas, de gestión y seguimiento de las causas.
Acceso restringido y protección de los datos
Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que el Registro no será de acceso público.
La consulta quedará limitada únicamente a magistrados judiciales de San Luis, San Juan y Mendoza, quienes podrán utilizar la información exclusivamente en el marco de expedientes concretos bajo su competencia.
Además, el convenio fija obligaciones de confidencialidad para ambas instituciones, protocolos de actuación frente a eventuales incidentes de seguridad informática y responsabilidades compartidas para garantizar la protección de los datos personales.
Integración regional
La iniciativa se enmarca en el Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional suscripto entre los Poderes Judiciales de San Luis, San Juan y Mendoza, con el objetivo de fortalecer la innovación tecnológica, mejorar la interoperabilidad de los registros públicos y optimizar la protección de derechos mediante el intercambio seguro de información entre las provincias.