La mujer está acusada de captar personas en situación de vulnerabilidad para utilizar sus datos personales y biométricos en la apertura de billeteras virtuales. La investigación analiza una posible conexión con la causa Sur Finanzas.
Una funcionaria del Poder Judicial bonaerense fue detenida en el marco de una investigación por un presunto esquema de lavado de activos por unos $27.000 millones, que habría utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas en billeteras virtuales.
La investigación está a cargo de la fiscal de La Plata Betina Lacki y derivó en nueve allanamientos simultáneos. Durante los operativos fueron secuestrados teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación que ahora deberá ser analizada por los investigadores.
La principal acusada es Albertina Mangini, quien se desempeñaba en una oficina de enlace vinculada al Patronato de Liberados. La mujer se negó a declarar y presentó un hábeas corpus, que fue rechazado por la Justicia, por lo que permanece detenida.
Cómo habría funcionado la maniobra
Según la hipótesis de la Fiscalía, Mangini habría aprovechado el contacto con personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica y social para incorporarlas al presunto esquema.
La investigación sostiene que algunas de esas personas eran contactadas en un bar de la zona de avenida 7 y calle 56, en La Plata, donde se les ofrecían aproximadamente $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos.
Entre la información obtenida se encontraban fotografías del DNI, imágenes del rostro y un escaneo del iris.
Con esos datos, la organización habría abierto cuentas a nombre de terceros en distintas plataformas digitales, entre ellas Mercado Pago, Goala y PayPal.
Aunque las cuentas estaban registradas formalmente a nombre de las personas cuyos datos habían sido utilizados, los investigadores sospechan que eran integrantes de la organización quienes tenían el control efectivo y realizaban las operaciones.
Una maniobra conocida como “pitufeo”
Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con los movimientos financieros detectados.
Durante aproximadamente un año se habrían registrado operaciones por unos $27.000 millones. La presunta organización habría utilizado una modalidad conocida como “pitufeo” o “smurfing”, que consiste en fragmentar grandes sumas de dinero en numerosas operaciones de menor monto para dificultar el rastreo de los fondos.
La Fiscalía investiga además el posible origen del dinero.
Una de las hipótesis apunta a que parte de los fondos podría provenir del juego clandestino. El dinero habría sido distribuido entre las distintas cuentas abiertas con datos de terceros y posteriormente enviado a plataformas de apuestas online.
Luego, los fondos habrían sido retirados bajo la apariencia de ganancias obtenidas mediante el juego.
El circuito terminaría con la intervención de operadores financieros y mesas de dinero, que presuntamente buscaban darle apariencia lícita al dinero.
La posible conexión con la causa Sur Finanzas
El expediente también quedó relacionado con la investigación que la Justicia lleva adelante sobre Sur Finanzas, la financiera cuyo propietario es Maximiliano Vallejo.
Uno de los imputados en la causa de La Plata es Ignacio Leonel Marchioni, quien ya se encuentra involucrado en el expediente relacionado con Sur Finanzas.
Los investigadores analizan su presunta participación en el tramo financiero de la maniobra y sus movimientos vinculados con operaciones con criptomonedas.
En el expediente federal, además, sus cuentas fueron congeladas y pesa sobre él una inhibición general de bienes.
La eventual conexión entre ambas investigaciones todavía forma parte de las hipótesis que deberá determinar la Justicia.
Quiénes están imputados
Además de Mangini y Marchioni, la Fiscalía imputó a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano.
Los acusados son investigados, con distintos grados de participación, por presuntos delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
Ahora, el juez de Garantías de La Plata Agustín Carlos Crispo deberá resolver los eventuales pedidos de prisión preventiva que formule la Fiscalía.
El Gobierno bonaerense aclaró cuál era su vínculo con el Estado
Tras conocerse la detención, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aclaró que Mangini no es funcionaria del Ministerio de Justicia bonaerense.
Según explicó la administración provincial, se trata de una empleada del Poder Judicial que desarrollaba tareas en una dependencia ubicada dentro del ámbito del Patronato de Liberados.
El organismo depende del Ministerio de Justicia provincial, pero Mangini pertenece al Ministerio Público Fiscal.
La investigación busca establecer ahora cuál fue exactamente su participación en el presunto esquema y cómo se utilizaron los datos de las personas involucradas.
La Justicia busca determinar el destino de los $27.000 millones
Con los elementos secuestrados durante los nueve allanamientos, los investigadores intentarán reconstruir el circuito financiero de la organización y determinar el origen y destino de los fondos.
También deberán establecer el grado de participación de cada uno de los imputados y si existió efectivamente una conexión operativa con la causa Sur Finanzas.
Por el momento, se trata de una investigación en curso y de personas que mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.