La Fiscalía de Estado avanzará con una denuncia penal tras la declaración del ex gobernador en el juicio contra Cintia Ramírez. La investigación se centrará en una operación por presunto sobreprecio que supera los $175 millones.
El ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, será denunciado penalmente por la Fiscalía de Estado luego de su declaración en el juicio por corrupción contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.
La decisión fue confirmada por el fiscal adjunto Rafael Berruezo, quien sostuvo que el ex mandatario deberá ser investigado como presunto coautor del delito de defraudación a la administración pública, a partir de sus propias manifestaciones durante la audiencia.
Una declaración que abre una nueva causa
Según explicó el funcionario, la denuncia no formará parte del expediente actual —que se encuentra en su etapa final— sino que dará origen a una nueva investigación judicial.
El eje de la decisión radica en lo expresado por Rodríguez Saá durante su testimonio, donde reconoció haber intervenido directamente en la compra de un colectivo destinado al San Luis Fútbol Club.
Para la Fiscalía, esa admisión implica una autoincriminación que modifica el alcance del caso y obliga a avanzar en una causa paralela.
El foco: una compra bajo sospecha
La investigación gira en torno a la adquisición de un colectivo por una cifra cercana a los $290 millones, en una operación que, según la acusación, presenta indicios de sobreprecio por al menos $175 millones.
Durante el juicio, peritajes técnicos pusieron en duda el estado del vehículo, describiéndolo como una unidad con alto nivel de desgaste y condiciones deficientes para su funcionamiento.
Desde la Fiscalía remarcan que no se trató de una transferencia libre de fondos al club, sino de una operación específica orientada a la compra de ese vehículo en particular, lo que agrava las sospechas sobre la maniobra.
Posibles nuevos implicados
Además del ex gobernador, el fiscal no descartó avanzar contra otros ex funcionarios que habrían tenido participación en la operatoria.
Entre los nombres mencionados aparecen ex integrantes del gabinete provincial que, según la declaración del propio Rodríguez Saá, habrían intervenido en la aprobación del proceso administrativo.
No obstante, la imputación confirmada hasta el momento es la del ex mandatario, mientras se analizan responsabilidades adicionales.
Independencia del juicio contra Ramírez
Uno de los puntos clave planteados por la Fiscalía es que la eventual responsabilidad de Rodríguez Saá no depende del resultado del juicio contra Ramírez.
Incluso en caso de una absolución de la ex funcionaria, la investigación sobre el ex gobernador avanzaría de manera autónoma, sustentada en sus propias declaraciones y en la documentación existente.
Un caso con impacto político y judicial
La denuncia marca un nuevo capítulo en una causa que ya tiene fuerte repercusión en la provincia y que expone posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El avance judicial abre un escenario de mayor complejidad, con implicancias que trascienden el juicio actual y que podrían derivar en nuevas imputaciones en el corto plazo.