Una afiliada de la UCR aseguró que fue incluida como candidata en la nómina de Identidad Radical sin haber dado su consentimiento. Reclama que se exhiba el documento original, se realice un peritaje de la firma y advirtió que podría acudir a la Justicia si se confirma la adulteración.
La interna de la Unión Cívica Radical de San Luis sumó un nuevo capítulo de tensión. Una afiliada del departamento Junín presentó una denuncia ante la Junta Electoral partidaria luego de descubrir que figuraba como candidata en la lista de Identidad Radical, pese a asegurar que nunca aceptó integrar la nómina ni autorizó su postulación.
El planteo adquiere especial relevancia porque la UCR provincial atraviesa un proceso electoral interno que tendrá dos listas en competencia el próximo 25 de octubre: la Lista 133 “Radicales Unidos” y la Lista 10 “Identidad Radical”.
“Jamás presté mi consentimiento”
Según la presentación realizada ante la Junta Electoral, la afiliada sostiene que fue incorporada como candidata a Vocal Titular del Comité Departamental de Junín sin su conocimiento.
En el escrito, niega haber firmado una aceptación de candidatura y cuestiona la documentación presentada para respaldar su incorporación a la lista.
“Jamás presté mi consentimiento para integrar dicha lista, jamás acepté ser candidata a dicho cargo y jamás suscribí una aceptación de candidatura”, manifestó en la presentación.
La denunciante también dejó asentado que no permitirá que su nombre sea utilizado para respaldar una candidatura que, según afirma, nunca aceptó.
Piden revisar el documento y peritar la firma
Ante esta situación, la afiliada solicitó a la Junta Electoral que adopte una serie de medidas para determinar cómo terminó su nombre dentro de la nómina.
Entre los pedidos figura la baja inmediata de su candidatura, la entrega de una copia del formulario original utilizado para acreditar su aceptación y la realización de un peritaje que permita establecer la autenticidad de la firma atribuida.
También solicitó que, en caso de comprobarse una adulteración, las actuaciones sean remitidas a la Justicia competente.
La denuncia, por ahora, constituye un planteo formal de una afiliada y deberá ser analizada por las autoridades partidarias. La eventual existencia de una firma falsificada no puede darse por acreditada hasta que se realicen las verificaciones correspondientes.
Una interna que ya venía marcada por el conflicto
El episodio se produce en medio de una interna particularmente tensa dentro del radicalismo puntano.
Después de varios meses de enfrentamientos y una disputa que incluso llegó a la Justicia Federal, la UCR San Luis formalizó finalmente dos espacios para competir por la conducción partidaria.
La Lista 133 “Radicales Unidos” reúne a distintos sectores de la actual estructura partidaria y lleva a José Picco como candidato a presidente del Comité Ejecutivo Provincial.
Enfrente se encuentra la Lista 10 “Identidad Radical”, encabezada por Daniel Mariani para la conducción provincial y vinculada políticamente al sector liderado por el exdiputado nacional José Luis Riccardo.
En el departamento Junín también habrá competencia entre ambos espacios.
La advertencia de una posible denuncia penal
La afiliada que realizó la presentación dejó expresamente planteada la posibilidad de avanzar por la vía judicial si el análisis de la documentación determina que la firma fue adulterada.
De confirmarse esa hipótesis, el caso podría dejar de ser solamente una controversia interna y derivar en una investigación sobre la documentación utilizada para conformar la lista.
Por ahora, el punto central de la denuncia es concreto: una afiliada sostiene que nunca aceptó ser candidata y reclama que se determine quién incorporó su nombre y con qué documentación.
La Junta Electoral de la UCR deberá ahora analizar la presentación y determinar los pasos a seguir, mientras el radicalismo sanluiseño avanza hacia una interna que, lejos de mostrar calma, suma nuevos focos de conflicto.