Una diputada nacional pidió a la Justicia investigar préstamos millonarios otorgados a dirigentes vinculados al oficialismo. Desde la entidad financiera rechazan las acusaciones y aseguran que no hubo trato preferencial.
Una denuncia judicial puso en el centro del debate al Banco de la Nación Argentina tras el señalamiento de posibles irregularidades en la entrega de créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores nacionales.
La presentación fue realizada por la diputada Mónica Frade, quien solicitó que se investigue si existieron condiciones excepcionales o beneficios indebidos en el acceso a préstamos de alto monto.
Créditos millonarios bajo la lupa
Según el planteo judicial, los créditos otorgados en los últimos meses alcanzarían cifras que van desde los 100 hasta más de 500 millones de pesos, en algunos casos equivalentes a varios cientos de miles de dólares.
La denuncia apunta a determinar si estos préstamos fueron concedidos bajo los mismos criterios que rigen para cualquier cliente o si hubo flexibilización de requisitos para determinados perfiles vinculados al ámbito político.
Entre los nombres mencionados figuran funcionarios del equipo económico y legisladores oficialistas, lo que llevó a poner el foco en un posible patrón de financiamiento concentrado en figuras con exposición pública.
Investigación judicial en marcha
El caso quedó radicado en la Justicia Federal, que deberá analizar si existen elementos que configuren delitos como tráfico de influencias u otras irregularidades en el manejo de fondos.
Entre las medidas solicitadas se incluyen el acceso a documentación interna del banco, legajos crediticios de los beneficiarios y peritajes contables que permitan evaluar el proceso de aprobación de los préstamos.
La denuncia se sustenta, además, en datos provenientes de registros públicos vinculados al sistema financiero, que habrían permitido identificar la concentración de estos créditos.
La respuesta del Banco Nación
Desde la entidad financiera rechazaron las acusaciones y defendieron la transparencia del sistema de otorgamiento de créditos.
Autoridades del banco aseguraron que el proceso es digital, trazable y basado exclusivamente en la capacidad de pago de cada solicitante, sin distinción por perfil político o institucional.
En ese sentido, remarcaron que los préstamos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que se aplican al resto de los clientes y negaron cualquier tipo de discrecionalidad.
Un caso con impacto político
La investigación abre un nuevo frente de discusión en el ámbito político y financiero, en un contexto donde el acceso al crédito y la transparencia en su asignación son temas sensibles.
Será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades o si los procedimientos se ajustaron a la normativa vigente.