Un abogado pidió investigar posibles operaciones con financiamiento extranjero destinadas a influir en la opinión pública. El planteo se apoya en informes de inteligencia y alertas de medios internacionales.
Una denuncia presentada ante la Justicia Federal encendió alertas sobre una posible estructura de desinformación con financiamiento extranjero que operaría en Argentina. El planteo fue impulsado por el abogado Jorge Monastersky, quien solicitó investigar la existencia de redes vinculadas a la Federación de Rusia con capacidad de incidir en el debate público.
La presentación se realizó este viernes 3 de abril y apunta a determinar si estas acciones podrían constituir delitos en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional.
Un planteo que pasa del plano mediático al judicial
El eje de la denuncia se sustenta en información difundida por la Secretaría de Inteligencia del Estado, que previamente había alertado sobre actividades de una organización identificada como “La Compañía”.
Según lo expuesto, esta estructura estaría integrada por ciudadanos rusos con recursos internacionales y presencia en el país. Para el denunciante, este respaldo institucional otorga mayor verosimilitud a los hechos y justifica una investigación urgente.
Sospechas de financiamiento y manipulación informativa
Entre los puntos señalados, se menciona la posible producción de contenidos periodísticos con financiamiento externo orientados a influir en la opinión pública. La denuncia sugiere que podrían haberse canalizado publicaciones a través de medios, editores o periodistas, en algunos casos sin conocimiento pleno de su origen.
En este sentido, se solicita identificar posibles pagos, intermediarios y beneficiarios, así como analizar movimientos financieros que permitan reconstruir el circuito de financiamiento.
Riesgo para el sistema democrático
El escrito advierte que este tipo de maniobras podría impactar directamente en la formación de la opinión ciudadana, especialmente en contextos electorales.
Según el planteo, la eventual injerencia extranjera en el ecosistema mediático representa un riesgo para la transparencia del debate público y el funcionamiento institucional del país.
Medidas solicitadas
El denunciante pidió avanzar con una serie de medidas, entre ellas el análisis técnico de patrones de difusión digital, la colaboración con organismos estatales y plataformas, y la posible activación de mecanismos de cooperación internacional.
Además, solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal para impulsar la investigación y esclarecer los hechos, con el objetivo de determinar responsabilidades individuales y proteger los intereses estratégicos del país.