El Parlamento removió al jefe de Estado tras denuncias de corrupción. Ahora deberá designar a un nuevo titular del Congreso, que asumirá la Presidencia hasta el 28 de julio, en un nuevo capítulo de la inestabilidad institucional del país.
El Congreso de la República destituyó este martes al presidente interino José Jerí, profundizando la crisis política que atraviesa Perú. La decisión fue adoptada por mayoría simple, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, y puso fin a un mandato que llevaba apenas cuatro meses.
Jerí había asumido el 10 de octubre, tras la salida de Dina Boluarte, en un contexto marcado por la inseguridad, la tensión social y la falta de consensos políticos. Su llegada al Ejecutivo se dio por el mecanismo constitucional que otorga la sucesión al presidente del Congreso ante la ausencia de vicepresidentes.
Un mecanismo de remoción acelerado
La destitución se activó a partir de denuncias sobre presuntas reuniones no registradas con empresarios extranjeros vinculados a contrataciones estatales, además de cuestionamientos por designaciones internas y uso de recursos públicos.
Al ocupar simultáneamente la presidencia del Congreso y del Poder Ejecutivo, Jerí quedó expuesto a una vía de remoción más rápida que la vacancia presidencial tradicional. El Pleno legislativo aprobó su censura como titular del Parlamento, lo que derivó automáticamente en la pérdida del mando presidencial.
A diferencia de la vacancia, este procedimiento requiere mayoría simple, lo que permitió a la oposición avanzar con rapidez tras la presentación simultánea de varias mociones.
Investigación fiscal y protestas
En paralelo, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el exmandatario por presunto tráfico de influencias agravado. Jerí fue citado a declarar el próximo 2 de marzo, en una causa que analiza posibles irregularidades administrativas y financieras.
Mientras se desarrollaba el debate parlamentario, se registraron protestas en las inmediaciones del Palacio Legislativo, con manifestantes que expresaron su rechazo a la gestión interina y al manejo institucional de la crisis.
La sucesión y el escenario abierto
Tras la destitución, el Congreso deberá elegir un nuevo presidente del cuerpo legislativo. Según la Constitución, quien asuma ese cargo pasará automáticamente a ejercer la Presidencia de la República hasta el 28 de julio, cuando está prevista la asunción del próximo gobierno surgido de las urnas.
Entre los nombres que circulan aparece María del Carmen Alva, respaldada por sectores que buscan una transición sin sobresaltos. También se menciona a otros legisladores de espacios con peso parlamentario, aunque sin definiciones cerradas.
Desde el ámbito empresarial, la CONFIEP advirtió sobre los riesgos de prolongar la inestabilidad política, señalando posibles impactos negativos en la inversión y la actividad económica.
Con elecciones presidenciales previstas para abril, Perú vuelve a transitar un escenario de incertidumbre institucional que refuerza la fragilidad política acumulada en los últimos años.