En una acción inédita y con fuerte impacto social, este miércoles se concretó en Villa Mercedes la entrega de alimentos adquiridos con dinero incautado en causas de narcotráfico, destinados a los comedores comunitarios de los barrios San José y San Antonio.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, como parte del trabajo conjunto que llevan adelante la Policía de San Luis, la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional. Durante los últimos dos años, estas fuerzas lograron desarticular múltiples puntos de venta, además de secuestrar droga, dinero, vehículos y diversos elementos vinculados a la actividad delictiva.
Un acto con fuerte presencia institucional
La entrega se realizó en el ingreso del Juzgado Federal de Villa Mercedes, sobre avenida Mitre, encabezada por el juez federal Juan Carlos Nacul; la ministro de Seguridad, Nancy Sosa; y el intendente Maximiliano Frontera. También participaron autoridades judiciales, legisladores, funcionarios provinciales y municipales, representantes de fuerzas federales, privados y responsables de los comedores beneficiados.
“Es devolverle un poco a la sociedad”, afirmó el juez Nacul
Durante el acto, el magistrado destacó el sentido de esta disposición:
“Es devolverle un poco a la sociedad que tanto afecta y daña la droga. Esta es una manera de recomponer el daño que hace a nuestros jóvenes. La droga está en todos lados, y hoy más que nunca debemos combatirla”.
Nancy Sosa: “Marca un precedente muy importante”
La ministro de Seguridad subrayó que esta decisión no sólo tiene impacto inmediato, sino también simbólico:
“No es solamente entregar mercadería: es retribuir a la sociedad después del daño que generan quienes venden droga. El consumo destruye vidas y también mata en vida. Este es el camino que marca nuestro Gobernador”.
Además, Sosa puso en valor el “compromiso de las fuerzas” que, con su trabajo cotidiano, permiten estas acciones concretas en beneficio de la comunidad.
Un gesto que fortalece el vínculo entre justicia, seguridad y comunidad
El Gobierno provincial y las fuerzas federales remarcan que estas iniciativas permiten desarticular el negocio ilegal y, al mismo tiempo, devolver recursos a quienes más lo necesitan, en un mensaje claro de reparación y presencia del Estado.