La ex secretaria de Deportes de San Luis está acusada de desviar fondos públicos hacia el San Luis Fútbol Club y de autorizar la compra de un colectivo con un presunto sobreprecio millonario. El debate oral se desarrollará durante cinco jornadas.
Este lunes comenzará en la provincia de San Luis el juicio oral contra la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, acusada de presuntas maniobras irregulares vinculadas al manejo de fondos públicos durante la gestión del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
La causa fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción N.º 1, a cargo del fiscal Francisco Assat Alí, quien sostiene que existió un esquema de decisiones administrativas destinado a beneficiar a una institución deportiva privada con recursos del Estado provincial.
La imputada enfrenta cargos por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Transferencias de fondos al San Luis Fútbol Club
Uno de los ejes centrales del proceso judicial se vincula con transferencias de dinero hacia el San Luis Fútbol Club, institución creada en 2022 y que participa en la primera división femenina del fútbol argentino.
De acuerdo con la investigación, Ramírez ocupaba simultáneamente cargos en la Secretaría de Deportes y en el Ente Deportes, mientras también ejercía la presidencia del club.
La Fiscalía sostiene que entre 2022 y 2023 se realizaron 188 transferencias de fondos públicos hacia la institución deportiva por un monto total cercano a 166 millones de pesos.
Según el expediente, esos recursos fueron destinados a cubrir gastos operativos del club, como transporte, alojamiento, alimentación de los planteles, indumentaria y equipamiento deportivo.
Para la acusación, estas decisiones administrativas habrían implicado un conflicto de intereses, ya que los fondos estatales terminaron financiando una entidad dirigida por la propia funcionaria.
La compra de un colectivo bajo investigación
El segundo eje de la causa está vinculado con la compra de un colectivo destinado al traslado del plantel del club.
Según la investigación judicial, en noviembre de 2023 Ramírez solicitó la adquisición de un colectivo Volvo modelo 2018 de 60 asientos, operación que se concretó mediante un subsidio estatal por 290 millones de pesos autorizado días antes del cambio de gobierno.
Sin embargo, una pericia técnica incorporada al expediente determinó que el valor de mercado del vehículo en ese momento rondaba los 114 millones de pesos, lo que implicaría un presunto sobreprecio cercano a los 175 millones de pesos.
Este punto refuerza la hipótesis de fraude a la administración pública planteada por el Ministerio Público Fiscal.
Un juicio con alto impacto político
El debate oral estará a cargo de un tribunal colegiado presidido por el juez Fernando De Viana, acompañado por las magistradas Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso.
El proceso se desarrollará durante cinco jornadas consecutivas, en las que se analizará documentación vinculada a las transferencias de fondos y los informes periciales sobre la compra del vehículo.
Ramírez se convierte así en la segunda funcionaria de alto rango de la gestión de Rodríguez Saá en enfrentar un juicio por delitos contra la administración pública, tras la condena del ex ministro de Seguridad Claudio Latini.
Alberto Rodríguez Saá declarará como testigo
Uno de los momentos más relevantes del juicio será la declaración como testigo del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Su testimonio fue solicitado por la defensa de la imputada para que brinde precisiones sobre el decreto mediante el cual se autorizó el subsidio destinado a la compra del colectivo.
También deberán declarar otros ex funcionarios provinciales, entre ellos el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo y el ex secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo.
Durante las audiencias, previstas entre el 16 y el 20 de marzo, el tribunal analizará las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa para determinar si existió un esquema deliberado de utilización de fondos públicos en beneficio de una institución privada.