La Justicia fijó audiencia en Concarán para avanzar en una causa que lleva casi seis años sin resolución. Los imputados están acusados por el delito de tortura seguida de muerte y continúan en libertad.
A casi seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales, la causa judicial que investiga lo ocurrido en la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara dará un paso clave. El Juzgado de Garantía y Contravencional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial fijó para el 16 de marzo, a las 9:30, la audiencia de formulación de cargos y tratamiento de medidas de coerción contra los cuatro policías imputados.
La audiencia se realizará en Concarán y alcanza a Heraldo Reynaldo Clavero, Marcos Dionisio Ontiveros, María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres, todos exintegrantes de la fuerza policial provincial.
Un hecho ocurrido en plena pandemia
El caso se remonta al 5 de abril de 2020, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia. En ese momento, en San Luis la circulación estaba limitada según la terminación del DNI.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, Morales salió de su vivienda ante la falta de alimentos para sus hijos y su nieta. En la plaza principal del pueblo ingresó a la dependencia policial para buscar una tarjeta que le habían guardado, pero al constatar que no estaba habilitada para circular fue retenida por los efectivos.
Horas más tarde, su familia recibió la notificación de que había fallecido dentro de la comisaría. Desde entonces, las circunstancias de su muerte siguen siendo motivo de controversia y cuestionamientos.
Dudas, irregularidades y una causa estancada
Desde el inicio, el expediente acumuló interrogantes. La familia denunció la presencia de marcas y hematomas en el cuerpo de la víctima y señaló inconsistencias en los procedimientos iniciales.
La causa cambió su calificación legal: pasó de privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de deberes a tortura seguida de muerte. Sin embargo, el proceso quedó frenado durante años por apelaciones, recursos de casación e impugnaciones.
Durante la investigación también se detectaron irregularidades administrativas, como la desaparición de documentación interna de la comisaría y una autopsia incompleta, que sumaron más incertidumbre al expediente.
Los imputados y el estado actual del proceso
Al momento del hecho, Clavero era jefe de la Comisaría, Ontiveros jefe de guardia y Argüello y Torres cumplían funciones como personal de guardia. Todos fueron dados de baja por cesantía, permanecen en libertad y nunca prestaron declaración en la causa.
En la audiencia del 16 de marzo, la querella solicitará prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del delito y la pena en expectativa, que es de prisión perpetua.
La familia de Magalí Morales, representada por su hermana Celeste y su abogado Federico Putelli, sostiene que se trató de un femicidio y busca que el caso llegue finalmente a un juicio oral que permita determinar responsabilidades y una condena ejemplar.