La Justicia Federal de Tucumán sumó nuevos hechos a la causa contra Valentina Olguín. La investigación detectó operaciones realizadas con datos de cuatro mandatarios y elevó el embargo a $15 millones.
La causa judicial contra la influencer Valentina Olguín sumó un nuevo capítulo tras la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán de ampliar su procesamiento por maniobras vinculadas a importaciones irregulares.
La medida, dispuesta por el juez Guillermo Díaz Martínez, incorpora nuevos hechos a la investigación y mantiene la imputación por contrabando por simulación, aunque sin dictar prisión preventiva.
Uso indebido de datos oficiales
En una primera instancia, la causa se había centrado en el uso del CUIT del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Sin embargo, con el avance de la investigación se comprobó que las maniobras incluían también los datos de otros tres mandatarios provinciales.
Se trata de los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Buenos Aires, Axel Kicillof; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, cuyos datos habrían sido utilizados sin autorización para concretar operaciones de importación.
Según consta en el expediente, la acusada habría realizado alrededor de 15 operaciones bajo esta modalidad.
Cómo funcionaba la maniobra
De acuerdo con la acusación impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, Olguín habría simulado operaciones ante el sistema aduanero con el objetivo de evitar los límites establecidos para compras internacionales mediante el régimen de courier.
La operatoria consistía en utilizar identidades de terceros —en este caso, funcionarios públicos— para recibir envíos de indumentaria de marcas internacionales en su domicilio particular.
De esta manera, se habría evitado utilizar su propio cupo anual de importaciones, obteniendo un beneficio económico indebido.
Pruebas y seguimiento de envíos
Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal reunió distintas pruebas técnicas que permitieron reconstruir el circuito de las compras.
Entre los elementos incorporados figuran peritajes sobre dispositivos electrónicos, análisis de comunicaciones y registros de antenas telefónicas que ubican a la acusada en coincidencia con la recepción de los paquetes.
Además, el seguimiento de envíos internacionales permitió determinar que las compras eran remitidas a un domicilio en el barrio porteño de Núñez.
Embargo y situación procesal
Ante la reiteración de las maniobras y la gravedad de los hechos, el juzgado resolvió ampliar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta alcanzar los 15 millones de pesos.
La figura de contrabando por simulación, contemplada en la normativa penal aduanera, prevé penas que van de dos a ocho años de prisión.
En paralelo, el tribunal rechazó los planteos de la defensa, que argumentaban un supuesto uso aleatorio de datos obtenidos en internet. Para la Justicia, la repetición de las operaciones y el perfil de las personas involucradas descartan esa hipótesis.
El origen de la causa
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien detectó el uso no autorizado de su CUIT en operaciones de compras internacionales.
A partir de ese punto, la causa avanzó hasta revelar un esquema más amplio que ahora compromete a la influencer en múltiples hechos.