La Justicia federal avanzó contra autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino en una causa por presunta apropiación indebida de aportes. La investigación apunta a una deuda millonaria vinculada a impuestos y recursos de la seguridad social.
La Justicia federal resolvió procesar a integrantes de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos su presidente, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas al manejo de aportes e impuestos.
La medida fue dictada por el juez Diego Amarante, quien también dispuso embargos sobre los involucrados, en una investigación iniciada tras una denuncia del organismo recaudador nacional por una supuesta retención indebida de fondos correspondientes a la seguridad social.
Una causa por más de $19.000 millones
Según consta en el expediente, la investigación se centra en la falta de depósito en tiempo y forma de más de 19.300 millones de pesos correspondientes a obligaciones tributarias y aportes patronales durante los años 2024 y 2025.
Además de Tapia y Toviggino, la resolución judicial alcanza a otros dirigentes de peso dentro de la estructura de la AFA, como el secretario general Cristian Malaspina y los directivos Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo.
La Justicia considera que podría haber existido una operatoria sostenida en el tiempo, con participación de múltiples actores dentro de la organización, lo que agrava la figura investigada.
La defensa niega irregularidades
Desde el entorno de los dirigentes procesados sostienen que no existió delito y remarcan que las obligaciones señaladas en la causa habrían sido regularizadas con posterioridad.
En esa línea, Claudio Tapia rechazó las acusaciones y apuntó contra la exposición mediática del caso, asegurando que no hubo responsabilidad ni a nivel personal ni institucional.
Un proceso que continúa en curso
El avance judicial se da luego de las declaraciones indagatorias realizadas a mediados de marzo, instancia que habilitó al magistrado a definir la situación procesal de los imputados.
Mientras tanto, la causa sigue su curso y la Justicia continuará analizando el grado de responsabilidad de cada uno de los dirigentes involucrados en la presunta maniobra.