Tras el cierre de las audiencias públicas por la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la Villa de Merlo, surgieron fuertes cuestionamientos hacia sectores de la oposición que criticaron el desarrollo inmobiliario actual. Documentos y antecedentes urbanísticos muestran que varios de los grandes loteos de la ciudad fueron aprobados durante gobiernos vinculados al peronismo provincial y municipal.
El debate por el crecimiento urbano de la Villa de Merlo volvió a ocupar el centro de la escena política local tras la finalización de las audiencias públicas convocadas para analizar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial.
Durante esas jornadas, distintos disertantes vinculados al kirchnerismo y al peronismo local plantearon críticas a la actual gestión municipal, señalando preocupaciones ambientales y reclamando mayores garantías frente a nuevos desarrollos urbanísticos.
Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular documentos y antecedentes administrativos que reavivaron una discusión incómoda para esos mismos sectores: gran parte de los loteos que marcaron la expansión urbana de la ciudad en las últimas décadas fueron aprobados durante gestiones municipales y provinciales del propio peronismo, aún sin el desarrollo de la infraestructura necasaria para garantizar tanto la prestanción de los servicios públicos como la habitación de esas tierras.
Los desarrollos urbanísticos aprobados en gobiernos del PJ
Entre los proyectos urbanísticos señalados figuran desarrollos de gran escala que se consolidaron durante los últimos años.
Entre ellos aparecen:
- La Sebastiana, con cerca de 300 lotes aprobados.
- Los Troncos, con alrededor de 100 lotes.
- Golden Hill, con casi otros 100 terrenos.
En total, la documentación difundida menciona más de 600 lotes distribuidos en al menos diez desarrollos urbanísticos que fueron autorizados durante gestiones municipales encabezadas por Rody Flores y Gloria Petrino, ambos intendentes vinculados al Partido Justicialista.
Estos proyectos, como ocurre con cualquier loteo de gran escala, debieron atravesar procesos administrativos que incluyen la aprobación del Ejecutivo municipal de turno.
El dato reavivó un debate político que en Merlo se repite cada vez que se discute el crecimiento urbano: quiénes fueron los responsables de las autorizaciones que permitieron la expansión inmobiliaria de la ciudad.
El antecedente del loteo Calaguala y la cota 1100
Otro de los casos que volvió a mencionarse en la discusión pública es el del loteo Calaguala, un desarrollo que en su momento generó fuertes controversias.
Según distintos antecedentes administrativos, ese proyecto fue aprobado durante una gestión provincial encabezada por el entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saá, permitiendo su desarrollo por encima de la cota 1100, una zona que hoy se considera un límite ambiental y territorial clave para la preservación de las sierras.
La referencia no es menor: actualmente distintos sectores del peronismo local defienden esa cota como una barrera que no debería ser superada por nuevos emprendimientos urbanísticos.
Ese contraste alimenta las críticas de quienes consideran que existe una contradicción entre el discurso ambiental actual y las decisiones tomadas en el pasado por administraciones del mismo signo político.
Ordenanzas y cuestionamientos al modelo de crecimiento
Otro de los puntos que surgió en el debate público tiene que ver con el cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes durante los años en que se aprobaron distintos loteos.
Diversos sectores sostienen que muchos de esos desarrollos habrían avanzado en contextos donde las ordenanzas rectoras del ordenamiento territorial eran objeto de interpretaciones flexibles, algo que hoy vuelve a ponerse bajo la lupa.
En ese marco, el crecimiento urbano de la ciudad se convirtió en un tema central para la comunidad merlina, especialmente por su impacto en cuestiones sensibles como:
- la preservación del paisaje serrano
- la disponibilidad de agua
- la protección del bosque nativo
- la infraestructura urbana
Críticas a discursos de las audiencias públicas
Durante las audiencias públicas realizadas para debatir el nuevo ordenamiento territorial, varios exfuncionarios y exconcejales vinculados al kirchnerismo participaron como oradores.
Uno de los nombres mencionados en el debate político posterior fue el de Fonseca, ex concejal y actual dirigente del espacio peronista local.
Sus intervenciones durante las audiencias generaron cuestionamientos de algunos sectores que señalaron que las críticas al modelo urbanístico actual omiten antecedentes vinculados a decisiones tomadas durante administraciones del mismo espacio político.
Ese punto alimentó el clima de tensión que rodeó las jornadas de debate, donde se mezclaron argumentos técnicos, posiciones ambientales y fuertes diferencias políticas.
Un debate que excede la política local
Más allá de las disputas partidarias, el crecimiento urbano de la Villa de Merlo se consolidó en las últimas décadas como uno de los temas más sensibles para la comunidad.
El equilibrio entre desarrollo inmobiliario, turismo y protección ambiental aparece como uno de los principales desafíos de una ciudad que creció de forma acelerada en los últimos años.
El proyecto definitivo del Plan de Ordenamiento Territorial deberá ahora avanzar en el Concejo Deliberante, donde se espera que continúe el debate sobre las reglas que definirán cómo se expandirá la ciudad en las próximas décadas.
Mientras tanto, las audiencias públicas dejaron al descubierto algo más profundo que una discusión técnica: las tensiones políticas y las distintas visiones sobre el modelo de desarrollo para la Costa de los Comechingones.
