La Cámara de Apelaciones frenó el proceso de búsqueda de activos del Estado argentino. La medida se mantendrá vigente hasta que haya una definición sobre la condena millonaria en primera instancia.
En un nuevo capítulo del juicio internacional por la expropiación de YPF, la Justicia de Estados Unidos resolvió suspender de manera temporal una etapa clave del proceso judicial contra la Argentina.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones, que ordenó frenar el denominado proceso de “discovery”, mecanismo utilizado por los demandantes para identificar bienes del Estado que podrían ser embargados en caso de incumplimiento del fallo.
Se frena la búsqueda de activos argentinos
El “discovery” es una instancia posterior a la sentencia de primera instancia, en la que las partes pueden solicitar información relevante para ejecutar el fallo.
En este caso, los fondos demandantes habían iniciado acciones para detectar activos argentinos en el exterior, incluyendo pedidos de acceso a documentación y comunicaciones oficiales.
Con la nueva resolución, estas medidas quedan en suspenso hasta que se resuelva la apelación presentada por el Estado argentino.
Una causa millonaria en juego
El conflicto judicial se originó tras la expropiación de YPF y derivó en una sentencia que condenó a la Argentina a pagar aproximadamente 16.000 millones de dólares.
Esa decisión fue apelada por el país, lo que mantiene abierto el litigio en una instancia clave para su definición.
Mientras tanto, la suspensión dispuesta por la Cámara de Apelaciones también alcanza a otros procedimientos en curso, incluida una moción por presunto desacato y audiencias vinculadas al cumplimiento del proceso.
Respaldo a la estrategia argentina
Desde la Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del país, se había solicitado la interrupción del “discovery” al considerar que implicaba medidas invasivas sobre información estatal.
Ese planteo recibió el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que fortaleció la posición argentina ante el tribunal.
Por su parte, los demandantes sostuvieron que esta instancia podría haberse evitado si el país hubiera cumplido con las garantías exigidas tras el fallo inicial.
Un proceso que sigue abierto
La suspensión es interpretada como un alivio parcial para la Argentina, ya que evita, por el momento, el avance en la localización de activos embargables.
Sin embargo, el conflicto de fondo continúa sin resolución definitiva. La atención ahora está puesta en la decisión que tome la Cámara de Apelaciones sobre la validez de la condena y el futuro del caso.
